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 CARTA DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
A LA CONFERENCIA EPISCOPAL ALEMANA
SOBRE LA ACTIVIDAD
DE LOS CONSULTORIOS FAMILIARES CAT
ÓLICOS

 

A los venerables hermanos
en el episcopado de Alemania
salud y bendición apostólica

1. El 27 de mayo del año pasado, a petición de monseñor Karl Lehmann, presidente de vuestra Conferencia episcopal, discutimos y profundizamos juntos los problemas de la correcta inserción de los consultorios católicos en la asesoría prevista por los reglamentos del Estado, a tenor de la ley sobre el embarazo y la familia del 21 de agosto de 1995. Os agradezco una vez más ese encuentro, en el que expresasteis la vigilante conciencia de vuestra responsabilidad con respecto al evangelio de la vida, así como vuestra disponibilidad a encontrar la solución justa en unión con el Sucesor de Pedro.

Durante los meses sucesivos he estudiado de nuevo los diversos aspectos de la cuestión, me he asesorado ulteriormente sobre ella y he llevado el problema ante el Señor en la oración. Por eso, como anuncié al término de nuestro coloquio, quisiera resumir hoy, una vez más, los resultados alcanzados y, cumpliendo mi responsabilidad de supremo Pastor de la Iglesia, indicar algunas orientaciones para el camino futuro en los puntos discutidos.

2. Vuestra Conferencia episcopal se esfuerza desde hace decenios, de modo inequívoco, por testimoniar con palabras y obras el mensaje de la dignidad intangible de la vida humana. En efecto, a pesar de que en la Constitución de vuestro amado país se reconoce explícitamente el derecho a la vida, el legislador también ha legalizado, en determinados casos, la muerte de los niños por nacer, y en otros la ha despenalizado, aun conservando su carácter ilegal. Vuestra Conferencia episcopal no ha aceptado la anterior ley sobre el aborto y tampoco la actual, sino que justamente ha tomado posición contra el aborto con libertad y sin temor. En muchas alocuciones, declaraciones, iniciativas ecuménicas y otras intervenciones, entre las cuales tiene particular importancia la carta pastoral Menschenwürde und Menschenrechte von allem Anfang an, («Dignidad humana y derechos humanos desde el comienzo») del 26 de septiembre de 1996, habéis proclamado y defendido el valor de la vida humana desde su concepción.

En la lucha en favor de la vida por nacer, la Iglesia debe distinguirse hoy cada vez más del mundo que la rodea. Ya lo hizo desde sus comienzos (cf. Carta a Diogneto V, 1 - VI, 2), y sigue haciéndolo. «Al anunciar este evangelio, no debemos temer la hostilidad y la impopularidad, rechazando todo compromiso y ambigüedad que nos conformaría a la mentalidad de este mundo (cf. Rm 12, 2). Debemos estar en el mundo, pero no ser del mundo (cf. Jn 15, 19; 17, 16), con la fuerza que nos viene de Cristo, que con su muerte y resurrección ha vencido el mundo (cf. Jn16,?33)» (Evangelium vitae, 82). Con vuestras múltiples iniciativas al servicio de la vida habéis traducido a la práctica estas palabras, y así habéis contribuido a que la actitud de la Iglesia sobre el problema de la defensa de la vida sea familiar a los ciudadanos de vuestro país ya desde su infancia. Quisiera expresaros de todo corazón mi aprecio y mi sincera gratitud por este incansable esfuerzo. Doy las gracias también a todos los que han trabajado y trabajan en la vida pública por defender el derecho a la vida de todo hombre. Particular mención, en este campo, merecen los políticos que no han tenido y no tienen miedo de hacer oír su voz en favor de la vida de los niños por nacer.

3. Además de algunas afirmaciones positivas sobre la defensa de la vida y sobre la necesidad de la consulta, la ley del 21 de agosto de 1995 establece que, en presencia de una «indicación médica », descrita muy vagamente, el aborto es legítimo hasta el nacimiento. Justamente habéis criticado con energía esta disposición. Del mismo modo, la legalización del aborto en presencia de una «indicación criminológica» es totalmente inaceptable para un fiel cristiano y para todos los hombres dotados de una conciencia vigilante. Os pido que toméis también todas las medidas posibles para cambiar estas disposiciones legislativas.

4. Dirijo ahora mi atención a las nuevas normas legislativas sobre la asesoría a las mujeres embarazadas que afrontan dificultades, porque notoriamente dichas normas revisten un importante significado para la misión de la Iglesia al servicio de la vida y para la relación entre Iglesia y Estado en vuestro país. Preocupado por las nuevas normas, el 21 de septiembre de 1995, sentí el deber de recordar, en una carta personal, algunos principios, muy importantes en esta cuestión. Llamaba vuestra atención, entre otras cosas, sobre el hecho de que la definición legislativa positiva de la asesoría en el sentido de la defensa de la vida quedaba debilitada a causa de ciertas fórmulas ambiguas; y que el certificado de asesoría que debían entregar las consultoras tiene ahora un valor jurídico diferente del que tenía en la reglamentación legislativa anterior. Os pedía que definierais de un modo nuevo la actividad de asesoría de la Iglesia y que, al respecto, prestarais atención para que no se coartara la libertad de la Iglesia y para que las instituciones eclesiales no fueran corresponsables del asesinato de niños inocentes.

En las Directrices episcopales provisionales habéis precisado ulteriormente, con respecto a la ley, el objetivo de la asesoría eclesial en el sentido de la defensa absoluta de la vida. Con estas y otras disposiciones habéis conferido a los consultorios eclesiales un perfil claro y específico. En la lucha por obtener de parte del Estado el reconocimiento de las Directrices episcopales provisionales en el ámbito de cada región, se ha manifestado ulteriormente la posición autónoma de la Iglesia en esta cuestión.

5. Sigue siendo objeto de discusión la problemática sobre el certificado de asesoría, que ciertamente no puede considerarse independientemente del concepto de asesoría, sino que ha de valorarse esmeradamente según su significado jurídico objetivo. En el discurso del 22 de junio de 1996, durante mi viaje pastoral a Alemania, dije: «Nuestra fe afirma claramente que las instituciones eclesiales no pueden hacer nada que pueda servir de alguna manera para justificar el aborto» (Discurso a los obispos alemanes, n. 9: L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 28 de junio de 1996, p. 12).

Para encontrar una solución al problema del certificado de asesoría, se llegó ―después del primer encuentro, del 5 de diciembre de 1995― al segundo coloquio, del 4 de abril de 1997, entre una delegación de vuestra Conferencia episcopal y representantes de la Congregación para la doctrina de la fe, durante el cual, aunque hubo unanimidad fundamental en cuanto a la doctrina de la Iglesia sobre la defensa de la vida y la condena del aborto, así como sobre la necesidad de una asesoría global para las mujeres embarazadas que afrontan dificultades, la discutida cuestión del certificado de asesoría no pudo quedar resuelta definitivamente. Durante el encuentro del 27 de mayo de 1997, todos los elementos que había que considerar fueron presentados, una vez más, en un clima fraterno de libertad y apertura.

En cumplimiento de mi misión de confirmar a los hermanos (cf. Lc 22,32), me dirijo ahora de nuevo a vosotros, queridos hermanos. En efecto, se trata de una cuestión pastoral con evidentes implicaciones doctrinales, que es importante para la Iglesia y para la sociedad en Alemania, y también más allá de sus fronteras. Aunque la situación jurídica en vuestro país es singular, es evidente que el problema de cómo anunciar el evangelio de la vida de modo eficaz y creíble en el mundo pluralista de hoy preocupa a la Iglesia en su conjunto. La tarea de defender la vida, en todas sus fases, no admite limitaciones. De aquí se deduce que la enseñanza y el modo de obrar de la Iglesia en la cuestión del aborto, en su contenido esencial, deben ser los mismos en todos los países.

6. Atribuís mucha importancia al hecho de que los consultorios católicos sigan estando presentes de modo público en la asesoría a las mujeres embarazadas, a fin de poder salvar de la muerte, con consejos positivos, a muchos niños por nacer, y para apoyar con todos vuestros medios a las mujeres que atraviesan situaciones difíciles. Destacáis que en esta cuestión la Iglesia, por su amor a los niños por nacer, debe aprovechar, del modo más amplio posible, tanto los espacios de acción abiertos por el Estado en favor de la vida, como la asesoría, y no puede asumir la responsabilidad de haber descuidado posibles prestaciones de ayuda. Os apoyo en esta preocupación y espero que la asesoría eclesiástica continúe con firmeza. La calidad de esta asesoría, que considera con mucha seriedad tanto el valor de la vida por nacer como las dificultades que afronta la mujer embarazada, y busca una solución basada en la verdad y el amor, iluminará la conciencia de muchas personas que buscan un consejo y constituirá un llamamiento significativo para la sociedad.

En este contexto, quisiera subrayar expresamente el compromiso de las consultoras católicas de la Cáritas y del Servicio social de mujeres católicas, así como de algunas otras instituciones de consulta. Conozco la buena voluntad de las consultoras así como sus esfuerzos y preocupaciones. Quisiera agradecerles sinceramente su compromiso y pedirles que continúen luchando por los que no tienen voz y aún no pueden defender su derecho a la vida.

7. Por lo que atañe al problema del certificado de asesoría, quisiera repetir lo que ya os escribí en la carta del 21 de septiembre de 1995: «Atestigua que se realizó la asesoría, pero al mismo tiempo es un documento necesario para el aborto despenalizado en las primeras doce semanas del embarazo». Vosotros mismos habéis considerado muchas veces como «dilema» este significado contradictorio del certificado de asesoría, que tiene su fundamento en la ley. El «dilema» consiste en el hecho de que el certificado atestigua la asesoría en el sentido de la defensa de la vida, pero sigue siendo la condición necesaria para la realización despenalizada del aborto, aunque ciertamente no es la causa decisiva que lo provoca.

El texto positivo, que habéis formulado para el certificado de asesoría que entregan los consultorios católicos, no resuelve de modo radical esta tensión contradictoria. La mujer, basándose en las disposiciones legislativas, al cabo de tres días puede usar el certificado para abortar, es decir, para hacer que eliminen a su hijo sin incurrir en ningún tipo de pena, en instituciones públicas y también, en parte, con medios públicos. No hay que descuidar el hecho de que el certificado de asesoría exigido por la ley, que ciertamente quiere asegurar ante todo la asesoría obligatoria, cumple de hecho una función clave para la realización de abortos despenalizados. Las consultoras católicas y la Iglesia, por cuyo encargo las consultoras intervienen en muchos casos, se encuentran así en una situación de conflicto con su visión de fondo en la cuestión de la defensa de la vida y con la finalidad de su asesoría. Contra sus convicciones, se ven implicadas en la aplicación de una legislación que lleva al asesinato de personas inocentes y escandaliza a muchos.

Después de una atenta valoración de todos los argumentos, no puedo menos de concluir que existe al respecto una ambigüedad que ofusca la claridad y el significado unívoco del testimonio de la Iglesia y de sus centros de asesoría. Por eso, queridos hermanos, quisiera instaros a hacer que ya no se entreguen certificados de esta índole en los consultorios eclesiales o dependientes de la Iglesia. Sin embargo, os exhorto a lograr que, en todo caso, la Iglesia siga presente de manera eficaz en la asesoría a las mujeres que buscan ayuda.

8. Venerados hermanos, sé que la exhortación que os hago afecta a un problema difícil. Ya desde hace mucho tiempo, y sobre todo después de nuestro encuentro del 27 de mayo de 1997, muchos sectores, y también algunas personas que trabajan por la Iglesia y en la Iglesia, han puesto en guardia con fuerza contra esta decisión, que según ellos dejaría a las mujeres en situaciones conflictivas sin el apoyo de la comunidad de fe. También hay quienes han denunciado, con no menor fuerza, que el certificado implica a la Iglesia en la muerte de niños inocentes y hace menos creíble su absoluta oposición al aborto.

He tomado en seria consideración ambos planteamientos y respeto la apasionada búsqueda que hacen ambas partes del camino que debe seguir la Iglesia en esta cuestión tan importante; sin embargo, teniendo en cuenta la dignidad de la vida, me siento impulsado a dirigiros la exhortación que os he hecho antes. Reconozco, al mismo tiempo, que la Iglesia no puede renunciar a su responsabilidad pública, sobre todo cuando están en juego la vida y la dignidad del hombre, que Dios creó y por el que Cristo murió. La ley para ayudar a las mujeres embarazadas y a las familias brinda a la Iglesia muchas posibilidades de seguir presente en la asesoría; su presencia no debe depender, en último término, de la entrega del certificado. No tiene que ser sólo la obligación de una prescripción legislativa la que lleve a las mujeres a los consultorios eclesiales; tiene que ser, sobre todo, la competencia profesional, la atención humana y la disponibilidad a la ayuda concreta que se encuentran en ellos. Confío en que vosotros, con las múltiples posibilidades de vuestras instituciones y de vuestras organizaciones, con el gran potencial de fuerzas intelectuales y de capacidad de innovación y creatividad, encontraréis los caminos, no sólo para evitar que disminuya la presencia de la Iglesia en la asesoría, sino para reforzarla aún más. Estoy convencido de que, en la discusión que ya se está llevando a cabo en la sociedad de vuestro país y que ahora proseguirá, sabréis movilizar todas vuestras fuerzas para hacer comprensible la opción de la Iglesia, tanto dentro como fuera de ella, logrando que, quienes no la compartan, por lo menos la respeten.

El hecho de que la Iglesia, en un punto concreto, no pueda ir por el mismo camino del legislador, será un signo de que, precisamente con la confrontación, contribuye a sensibilizar la conciencia pública y, de ese modo, sirve ulteriormente al bien del Estado: «El evangelio de la vida no es exclusivamente para los creyentes: es para todos (...). Nuestra acción de "pueblo de la vida y para la vida" debe ser interpretada de modo justo y acogida con simpatía. Cuando la Iglesia declara que el respeto incondicional del derecho a la vida de toda persona inocente ―desde la concepción hasta su muerte natural― es uno de los pilares sobre los que se basa toda sociedad civil, "quiere simplemente promover un Estado humano. Un Estado que reconozca, como su deber primario, la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana, especialmente de la más débil"» (Evangelium vitae, 101).

 Os agradezco una vez más vuestro múltiple compromiso de defender la vida de los niños por nacer, y también vuestra disponibilidad a revisar nuevamente la actividad católica de asesoría. Encomiendo a María, Madre del buen consejo, a los fieles confiados a vosotros, sobre todo a las mujeres y a los hombres dedicados a la asesoría, así como a todas las mujeres embarazadas que afrontan dificultades, y os imparto de corazón una especial bendición apostólica.

Vaticano, 11 de enero de 1998, fiesta del Bautismo del Señor

JOANNES PAULUS II

 

 

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