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DISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
AL NUEVO EMBAJADOR DE COLOMBIA ANTE LA SANTA SEDE
*

Jueves 21 de marzo de 1991

 

Señor Embajador:

Es para mí motivo de particular complacencia recibir las Cartas Credenciales que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia ante la Santa Sede. Al darle, pues, mi cordial bienvenida a este acto de presentación quiero asegurarle mi estima en el desempeño de la alta misión que su Gobierno le ha confiado, así como reiterar ante su persona el profundo afecto que siento por todos los amados hijos de su País.

Antes que nada, deseo corresponder a los sentimientos de cercanía y adhesión que el Señor Presidente de la República ha querido hacerme llegar por medio de Usted y le ruego que tenga a bien transmitirle mi deferente saludo y mis mejores votos de paz y bienestar.

Viene Usted a representar ante la Sede de Pedro a una Nación que, a lo largo de su historia, se ha distinguido como católica. Es innegable que la presencia y actuación de la comunidad católica en Colombia ha sido, desde sus mismos orígenes y luego como Nación —y lo sigue siendo hoy— un elemento de importancia relevante para el bien de la sociedad en general. Pues la Iglesia, fiel al mandato de su divino Fundador, pone todo su empeño en servir a la noble causa de la promoción integral del hombre y de los pueblos. Como señala el Concilio Vaticano II, “la Iglesia, por ésta su universalidad, puede constituir un vínculo estrechísimo entre las naciones y comunidades humanas con tal de que éstas tengan confianza en ella y reconozcan efectivamente su verdadera libertad para cumplir su misión” (Gaudium et spes, 42). Por otra parte, no se puede olvidar que muchos problemas sociales e incluso políticos tienen sus raíces en el orden moral, y es en este terreno donde la Iglesia lleva a cabo su labor como formadora de conciencias y criterios, como inspiradora de los valores transcendentes y, sobre todo, como evangelizadora. Los católicos colombianos, en la medida en que sean fieles a las enseñanzas del Evangelio y al Magisterio de la Iglesia, deberán promover y defender siempre la justicia y la paz, la libertad y la honradez, el respeto pleno de la vida desde su concepción a su término natural. Por ello, de la respetuosa y leal colaboración y entendimiento entre la Iglesia y la potestad civil no podrán sino seguirse bienes para la sociedad colombiana.

La Iglesia no tiene ambiciones políticas. Cuando ofrece su contribución específica para los grandes y siempre actuales problemas de la humanidad, lo hace para ser fiel a la misión que su Fundador le ha confiado. Ella no presenta modelos parciales y pasajeros de sociedad, sino que tiende a la transformación de los corazones y de las mentes, para que el hombre pueda descubrirse y reconocerse a sí mismo en la plena verdad de su propia humanidad. Y por ser su misión de carácter moral y religioso, la Iglesia respeta el área específica de responsabilidad del Estado. Al mismo tiempo, alienta a sus miembros a asumir sus plenas responsabilidades como ciudadanos para, junto con los demás, contribuir eficazmente al bien común y a las grandes causas del hombre.

En sus palabras, Señor Embajador, ha querido Usted hacer mención del flagelo de la violencia interna que sufre su País. En efecto, atentados y crímenes frecuentes siguen dejando su triste secuela de sufrimiento y muerte en tantos hogares colombianos. Con el profundo dolor que suscita en mi corazón de Padre el repetirse de actos reprobables que causan tantas víctimas inocentes, hago míos una vez más los reiterados llamados de los Obispos de su Nación, que no han dejado de denunciar y condenar enérgicamente la violencia terrorista y guerrillera, la tortura y los secuestros, el abuso de poder y la impunidad de ciertos delitos, el uso de la droga y el abominable crimen del narcotráfico. Los insoslayables problemas y desafíos del momento presente son ciertamente obstáculos no fáciles de superar. Pero ello no ha de ser motivo de desánimo ni desaliento, pues Colombia cuenta con la riqueza de sus sólidos valores cristianos que han de darle un impulso nuevo en la construcción de una sociedad más justa, fraterna y pacífica.

Sigo con particular interés el importante momento que vive su País, donde está en curso un proceso de reforma Constitucional. A este propósito, hago míos los votos expresados por la Conferencia Episcopal, que, en un reciente documento colectivo, manifiesta el deseo de que sean tutelados los principios éticos que son patrimonio de la conciencia cristiana del pueblo colombiano, “de modo que se dé paso a una nueva y mejor sociedad: una sociedad más humana y cristiana; más justa y fraterna; más democrática y participativa; más libre y responsable; donde exista la igualdad dentro de la diversidad y siempre promotora del bien común integral. Una sociedad ordenada a la persona y a su bien; una sociedad donde se reconozca integralmente y se garanticen efectivamente y se promuevan los derechos naturales del hombre y de todos los hombres” (Conferencia Episcopal Colombiana, Por un nuevo orden social, solidario y justo, 22 de febrero de 1991).

Colombia es una Nación de reconocida tradición católica. Deseo recordar a este respecto que la primera visita de un Papa a América Latina fue precisamente a Bogotá, donde mi predecesor, Pablo VI, pudo comprobar en 1968 la fe del pueblo colombiano. Yo mismo, en julio de 1986, en mis encuentros con los diversos grupos sociales y culturales de su patria, con niños, jóvenes, adultos y ancianos, pude experimentar el entusiasmo de tantas personas que manifestaban abiertamente sus convicciones religiosas en aquellas entrañables celebraciones de fe y amor.

El catolicismo, en efecto, está estrechamente unido a la historia de su noble País. A este respecto, me complace saber que cada año el Señor Presidente de la República consagra la Nación colombiana al Sagrado Corazón de Jesús, como reconocimiento de que la fe cristiana proclamada por la Iglesia católica ha sido elemento fundamental en la convivencia y el orden social en Colombia. También me es grato señalar el hecho de que la gran mayoría de los Delegatarios de la Constituyente han manifestado públicamente sus convicciones católicas.

A este propósito, un ordenamiento jurídico que tutele convenientemente la familia repercutirá positivamente en el bien común, haciendo que dicha institución continúe siendo el núcleo sobre el que se funda la sociedad. La unidad e indisolubilidad del matrimonio son también garantía de la estabilidad y solidez de la vida social de la Nación. Al respecto deseo recordar la doctrina del Concilio Vaticano II, la cual enseña que “el poder civil ha de considerar obligación suya sagrada reconocer la verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y ayudarla, asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica” (Gaudium et spes, 52).

En este marco de contribución al bien común, desde un recto ordenamiento jurídico, no podemos dejar de señalar también el papel desempeñado por la escuela católica que, desde la educación primaria hasta los centros universitarios, tanto ha aportado a la formación de una recta conciencia ciudadana y a la consolidación de los principios cristianos, salvos siempre la libertad y los derechos de otras confesiones.

Los Obispos de Colombia, en el ejercicio de su misión pastoral, no han dejado de ofrecer por su parte criterios y orientaciones que puedan ayudar a los fieles al mejor desempeño de sus responsabilidades cívicas en la hora actual. Movidos por el deseo de contribuir al bien común y a un mejor entendimiento entre todos los ciudadanos y los poderes públicos, han puesto de relieve en un reciente documento colectivo que “el reconocimiento y protección de las exigencias de orden moral, natural y cristiano, será factor eficaz en la construcción de una sociedad justa, participativa, solidaria y democrática” (Conferencia Episcopal Colombiana, Exhortación pastoral sobre la Asamblea Nacional Constituyente, 22 de febrero de 1991).

Para que estos sentidos deseos sean una confortadora realidad en su País, por intercesión de Nuestra Señora de Chiquinquirá, imploro sobre el querido pueblo colombiano, sobre sus gobernantes, y de modo particular sobre Vuestra Excelencia y su distinguida familia y colaboradores, la constante protección divina.


*AAS 83 (1991),p. 1057-1060.

Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XIV, 1 pp. 615-618.

L'Attività della Santa Sede 1991 pp. 235-237.

L’Osservatore Romano 22.3.1991 p.5.

L'Osservatore Romano. Edición Semanal en lengua española, n.13 p.11 (p.167).



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