III ENCUENTRO DE POLITICOS Y
LEGISLADORES DE AMERICA
«DECLARACIÓN DE BUENOS
AIRES»
FAMILIA Y VIDA, A LOS 50
AÑOS DE LA
DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
5 de agosto 1999
INTRODUCCIÓN
Políticos y
Legisladores de América, en nutridas delegaciones de la casi totalidad de las
naciones de América, en un número superior a cuatrocientos participantes,
acompañados por un grupo de Cardenales, Arzobispos y Obispos de las Iglesias
del Continente, nos hemos reunido en Buenos Aires, Argentina, del 3 al 5 de
Agosto de 1999, convocados por el Pontificio Consejo para la Familia.
El Santo Padre Juan
Pablo II nos ha enviado un rico y paternal mensaje por intermedio del
Secretario de Estado. Agradecemos profundamente sus sabias orientaciones que
nos han servido de inspiración y estímulo y su cercanía llena de confianza
y esperanza en nuestra importante y delicada misión.
Agradecemos muy
sinceramente la generosa colaboración del Presidente de la República
Argentina, Dr. Carlos Saúl Menem, que ha brindado la más cálida acogida y
colaboración para la realización de este encuentro, que ha tenido a bien
declararlo "de interés nacional" y ha querido inaugurarlo
personalmente. El Senado argentino ha igualmente subrayado su interés
especial por este evento.
Consignamos nuestra
viva gratitud a la Iglesia Argentina en la persona del Arzobispo de Buenos
Aires, S.E. Mons. Jorge Mario Bergoglio, S.J., quien presidió la Eucaristía
inaugural en la Catedral Primada, y de S.E. Mons. Estanislao Karlic, Arzobispo
de Paraná y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien nos dio
la bienvenida. Va nuestro agradecimiento también al Pontificio Consejo para
la Familia, a su Presidente, el Cardenal Alfonso López Trujillo, y a sus
colaboradores, así como a S.E. Mons Jean Louis Tauran, Secretario para las
Relaciones con los Estados de la Santa Sede, quien brindó un denso mensaje.
Manifestamos nuestro
reconocimiento a quienes prestaron su valiosa colaboración junto con el
Pontificio Consejo para la Familia, particularmente al Embajador de la
República Argentina ante la Santa Sede, Dr. Esteban Juan Caselli, y al Dr.
Rodolfo Carlos Barra, Asesor Presidencial para la Defensa de los Derechos de
la Persona por Nacer, así como a quienes han cooperado con ellos para la
fructuosa realización del certamen.
Es la tercera vez que
nos encontramos después de las experiencias de Rio de Janeiro en Agosto de
1993 (el primer Encuentro) y de México en junio de 1996 (el segundo). En esta
ocasión, hemos reflexionado sobre la Familia y la Vida, a los 50 años de
la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este tema es de importancia
capital en los albores del Tercer Milenio, marcado por tantos interrogantes,
incertidumbres y también por tantas y fundadas esperanzas. Defender la
familia y la vida en el ámbito político y legislativo, y hacer respetar sus
derechos, es vital para el futuro de nuestros países y de toda la humanidad.
CONCLUSIONES
1. Nos asociamos con
gozosa esperanza a la celebración del cincuentenario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) el 10 de Diciembre de 1948. Reconocemos el valor
y la permanente capacidad de inspiración de esta Declaración, en todo
lo que constituye el reconocimiento de la dignidad del hombre, no obstante
algunas reservas que se han formulado en el sentido de que puede favorecer el
individualismo y el subjetivismo. Debemos notar la convergencia entre ella y
la antropología y la ética cristianas, no obstante el hecho de que no se
haga una explícita referencia a Dios. La Declaración constituye, sin
duda, una vibrante defensa del hombre y de su dignidad trascendente,
inviolable, inalienable e insustituible. Es "uno de los documentos más
preciosos y significativos de la historia del derecho", como lo ha
calificado Su Santidad Juan Pablo II (Mensaje al Presidente de la Asamblea
General de la ONU con ocasión del 50 Aniversario de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, 30/11/98).
2. No nos proponemos
entrar en todos sus aspectos, incluso en relación con el tema elegido.
Consideramos que es preciso subrayar algunos puntos de la Declaración,
su valor y también sus límites.
3. La primera
reflexión es que la Declaración no otorga los derechos que
proclama sino que los reconoce. No se trata, pues, de derechos creados
por la Declaración, sino sólo reconocidos y codificados por ella, por
ser inherentes a la dignidad de la persona humana. Son derechos universales,
con independencia de cualquier cultura, religión, contexto político, social
o económico, porque están ligados a la naturaleza humana y son la expresión
de sus bienes fundamentales. Se distinguen así de los derechos o bienes
particulares, secundarios en la jerarquía de valores, o de pseudo–derechos
arbitrarios o ligados a una determinada cultura o ideología.
4. El segundo punto de nuestra reflexión subraya
que los derechos articulados en la Declaración constituyen un todo
integrado, que tiene como base común el principio de la dignidad de toda
persona. La derogación de cualquier derecho viola a la persona en su
humanidad y constituye, por eso, una violación de la totalidad de sus derechos,
como una red integrada. Juan Pablo II ha afirmado muy oportunamente que el uso
selectivo de sus principios, amenaza "la estructura orgánica de la Declaración,
que asocia cada derecho a otros derechos y a otros deberes y límites necesarios
para un orden social justo" (Mensaje al Presidente de la Asamblea
General de la ONU con ocasión del 50 Aniversario de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, 30/11/98).
5. Un tercer aspecto
de nuestra consideración se refiere al fundamento mismo de los derechos
humanos. La interpretación individualista, que considere al sujeto
aislado frente al Estado, como en un territorio privado es radicalmente
insuficiente. El fundamento de estos derechos no está en la satisfacción
particular del individuo, sino en la naturaleza social del hombre y de la
familia. Los derechos humanos están basados en el derecho natural –aquello
que es justo en virtud del orden natural- y que es la expresión de la
sabiduría de la humanidad. Estos derechos suponen la facultad jurídica de
exigir el cumplimiento del derecho natural.
6. Resaltamos y
reafirmamos por su prioridad social el art. 16, inciso 3, de la Declaración
Universal de Derechos Humanos: "La familia es el elemento natural
y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y
del Estado". La vida y la familia no han de considerarse únicamente
como derechos inalienables, sino como fuente y condición de los demás. La
familia, en particular, representa el ámbito primigenio y privilegiado de
todo derecho. Los derechos de la familia son el núcleo original de los
derechos del hombre. La defensa de la familia y de la vida es como el
fundamento y el punto más alto del proceso de humanización desde la
abolición de la esclavitud y del reconocimiento de la igualdad fundamental
del hombre y de la mujer. Por ello la familia debe ser reconocida en su
naturaleza de sujeto social. Es poseedora del derecho a la protección por
parte del Estado y, además, por parte de la comunidad internacional. Si la
personalidad jurídica del individuo se fundamenta en su titularidad de
derechos reconocidos por el orden internacional, así debe ser también la
personalidad jurídica de la familia. El Estado no puede adoptar medidas
disolventes contra la familia sin incurrir en actos contrarios a la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Es necesario, pues, defender a la familia,
proclamándola como una Buena Nueva para la humanidad, dada su capacidad de
inspirar acciones y actitudes que construyen la sociedad.
7. La familia es el
núcleo central de la sociedad civil. Tiene ciertamente un papel económico
importante, que no puede ser olvidado, pues constituye el mayor capital
humano, pero su misión engloba muchas otras tareas. Es sobre todo una
comunidad natural de vida, una comunidad que está fundada sobre el
matrimonio, y por ello presenta una cohesión que supera la de cualquier otra
comunidad social. Por eso, la familia debe ser respetada y protegida por el
Estado como la primera institución social que, de acuerdo con el principio de
subsidiariedad, requiere que el Estado no pueda intervenir en campos en los
que la iniciativa de la familia es suficiente. Un impacto muy negativo sufrido
durante las últimas décadas ha sido que la familia haya recibido los mismos
ataques que el Estado ha dirigido contra los otros cuerpos intermedios de la
"sociedad civil", debilitándolos, suprimiéndolos o buscando
regirlos. Cuando el Estado se arroga el poder de reglamentar los vínculos
familiares y de dictar leyes que no respetan la comunidad natural que es la
familia, anterior y superior a él (Cfr. Aristoteles, Etica a Nicómaco,
VIII, 15-20), existe el temor fundado de que el Estado se valga de la familia
en interés propio y que, en lugar de protegerla y defender sus derechos, la
debilite y resquebraje. La Declaración Universal previene estas
desviaciones. Reconoce el derecho del hombre y de la mujer a constituir una
sociedad matrimonial (art. 16,1) y crear así una familia. Con su
insistencia en que esta célula "natural y fundamental" (art. 16,3)
merece la protección no sólo del Estado sino también de la sociedad, la Declaración
Universal previene estas desviaciones.
8. La familia así
reconocida por la Declaración, constituye un bien fundamental para la
sociedad (Gaudium et Spes, 52,2). Pero se descubre, en el umbral del
nuevo milenio, que se promueve una consideración ambigua y errónea que
atenta contra su naturaleza y se habla entonces de una crisis de identidad.
Aunque la familia tiene su propia identidad muy clara, basada en el
matrimonio, que es su origen y fuente, se dice, hoy, que no se la puede
definir, que existen diversas familias, diversos modelos de familia. Se
insinúa que los cambios que experimenta la familia son muy rápidos y las
formas que puede adquirir son casi infinitas. Se llega incluso a decir que no
es dable asegurar nada sobre el futuro de la familia. Todo sería fruto de
proyectos humanos por vía consensual que encontrarían apoyo legal. Se
desvirtúa de esta manera la idea de una institución natural, estable y
permanente, que merece la protección de la sociedad. Esta pobre visión
antropológica al concebir la familia como club o asociación que se hace o se
deshace caprichosamente, vacía el hombre de sentido de responsabilidad y
compromiso y siembra en los hogares gérmenes de descomposición social,
siendo los hijos quienes pagan los costos más altos. La razón de estos
ataques contra la idea misma de familia, está en que muchos ya no aceptan la
idea de una "ley natural", no aceptan las instituciones naturales,
pero la razón profunda es que rechazan a Dios, origen de la ley natural. Ya
no se acepta la dimensión de verdad y ello conduce a un verdadero
"eclipse del sentido de Dios y del hombre" (Evangelium Vitae,
23). Lo que cuenta es la opinión personal, la contingencia. Resultado de esa
perspectiva es que todas la formas posibles de convivencia, hetero– y
homosexuales, podrían entrar en esta concepción de la familia.
9. Es a causa de esta
crisis profunda de la verdad, de esta ilusión antropológica, que en diversos
parlamentos en el mundo se ha propuesto reconocer las uniones de hecho como
"familias", y procurar para ellas las mismas ventajas que para la
familia. Estas uniones son "de hecho", no de derecho. Algunos
parlamentos quieren hacer prevalecer el "hecho" antes del derecho,
con la justificación de que no se debe "discriminar" a los
homosexuales, a las lesbianas y a los que no quieren contraer matrimonio. La
consecuencia de esta confusión conceptual sobre el matrimonio, es hacer de
éste una institución socialmente irrelevante. Esto no puede ser más
trágico dado que el matrimonio es un bien natural, que constituye además el
mejor medio para la socialización. Su ausencia repercute negativamente en la
trasmisión de valores y es causa de numerosas patologías sociales. Hemos de
estar particularmente atentos para que las uniones consensuales libres y las
uniones de hecho no tengan cabida alguna en nuestras legislaciones.
10. Estos ataques
contra la familia vienen de las mismas personas que atacan la vida humana en
sus dos momentos y situaciones particularmente decisivos: el niño por nacer y
el enfermo por morir. Este paralelismo entre los ataques a la familia y a la
vida humana, no es sorprendente, porque no hay vida sin familia y no hay
familia sin la vida. La familia es la "cuna" de la vida humana, como
dice Su Santidad Juan Pablo II (Cfr. Christifideles Laici, 40).
Es en la familia donde la vida tiene su inicio, se desarrolla, madura y
también llega a su término en el modo más adecuado. Por eso, quien ataca a
la familia ataca también a la vida humana, y quien promueve la familia
promueve también, en modo coherente, la misma vida humana. Este vínculo
fundamental entre la familia y la vida es claramente puesto en luz por la Declaración
Universal de Derechos Humanos, que pone como consecuencia inmediata y
básica de la afirmación de la dignidad de todo ser humano, el derecho
fundamental a la vida reconocido en el articulo 3 de la Declaración:
"Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona".
11. Este principio
del derecho a la vida, fundamento clave de todos los demás derechos en
cuanto derecho inviolable, garantizado y protegido en toda situación, fue
desarrollado por la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, según
la cual "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita
protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal tanto
antes como después del nacimiento" (Preámbulo). Este principio pone
al embrión humano como ser humano desde el momento mismo en que inicia su
existencia, es decir, desde el momento de la concepción y no sólo desde el
nacimiento. Esto debe ser considerado como principio fundamental del sistema
de protección internacional de los derechos humanos.
12. Por eso partiendo
de la Declaración, hemos reflexionado acerca del estatuto del embrión
humano. ¿Es el niño por nacer persona, sujeto de derechos, o simplemente un
individuo humano? El derecho positivo internacional (Cfr. Declaración de
los Derechos del Niño, Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño, Convención Americana sobre Derechos Humanos — Pacto
de San José de Costa Rica) reconoce la subjetividad del embrión como sujeto
de derechos propios, es decir, distintos de los de la madre y de terceros.
Esto fundamenta la interdicción de arbitrariedad sobre el embrión y el deber
de protegerlo y cuidarlo. Pero en el derecho positivo de varios países
(España, Estados Unidos de América), se distingue entre ser humano y
persona. Sólo esta última sería sujeto de derechos, y se la identifica con
el nacido. El nascituro se considera humano pero no persona. Su protección se
concibe como una concesión del Estado a los derechos de la madre o a los
intereses del Estado mismo. Con ello se establece un criterio injusto de
discriminación entre seres humanos en distintos estados de su desarrollo,
contradiciendo por lo tanto el derecho. Es pues necesario legislar sobre el
estatuto del embrión humano, especialmente en los países donde se distingue
falazmente entre ser humano y persona humana. Es preciso reflexionar y
traducir en leyes coherentes las exigencias éticas que hacen ilícita la
fecundación asistida tanto homóloga como heteróloga (cfr. Donum Vitae,
II). Es necesario además proclamar los derechos del embrión: derecho a la
vida, derecho a la identidad, derecho a la protección por el Estado y por la
sociedad. El "nascituro" no puede ser objeto de manipulación y de
las agresiones que conducen a su eliminación. No es digno de la persona
humana la producción de embriones y el tratamiento a que se les somete como
si no fueran seres humanos y personas humanas, sino cosas o instrumentos. La
razón es que toda fecundación fuera del acto sexual comporta un modo no
humano —esto es, carente de la expresión integral y significativa que es la
unión sexual— y es incompatible con la dignidad del nuevo ser concebido
(cfr. Donum Vitae, I.6 y II.4.a).
13. La familia, como
cuna de la vida humana, es también el lugar más adecuado para cuidar a los
enfermos y acompañarlos en el proceso de su enfermedad hasta la muerte. Se
propone hoy una "muerte digna" y con este argumento se pretende
falazmente justificar y defender cada vez más la propuesta de la eutanasia
para los enfermos graves. Es necesario comprender en forma adecuada el
concepto de "dignidad humana", fundamental en la bioética que se
apoya en la verdad del hombre, en una antropología que reconoce el valor
eminente de la persona humana. El concepto de "muerte digna"
requiere una continua revisión para que no se trasforme en una palabra vacía
o convencional, especialmente frente al criterio utilitarista de costo
/ beneficio, con el cual se pretende conceder o negar los recursos en el campo
de la salud. Si se reemplaza la dignidad por la utilidad, ¿cómo puede tener
la vida valor en sí misma? El uso distorsionado del concepto de
"dignidad" oculta una deformación del valor de la vida y de la
persona. El verdadero derecho a morir con dignidad supone aceptar morir con la
dignidad propia del hombre: con nobleza, aceptación, serenidad, es decir
"cumplir el oficio de la vida hasta el fin" (Cicerón, Sueño de
Escipión, III, 7). El enfermo, acompañado de los debidos cuidados, en
las variadas manifestaciones de un amor responsable, especialmente en las
familias y en las clínicas y hospitales, muere con la dignidad de ser amado
por Dios, por los suyos y por todos los que deben reconocer su dignidad de
persona (Cfr. Evangelium Vitae, 88. Cfr. también 46-47, 67, 83).
14. Hay una palabra
que tiene cada vez mayor importancia en el discurso contemporáneo: es la
palabra "globalización". Este concepto no debe limitarse
al campo de la interrelación económica entre los pueblos, sino que ha de
abrirse a otras dimensiones, siempre con la indispensable atención a los
requerimientos éticos. En la Exhortación Apostólica Ecclesia in America,
fruto del Sínodo de América, Juan Pablo II advierte: "si la
globalización se rige por las meras leyes del mercado aplicadas según las
conveniencias de los poderosos, lleva a consecuencias negativas. Tales son,
por ejemplo, la atribución de un valor absoluto a la economía, el desempleo,
la disminución y el deterioro de ciertos servicios públicos, la destrucción
del ambiente y de la naturaleza, el aumento de las diferencias entre ricos y
pobres, y la competencia injusta que coloca a las naciones pobres en una
situación de inferioridad cada vez más acentuada" (Ecclesia in
America, 20). Es evidente la importancia que todo esto reviste respecto de
la familia. Además, lo que suele entenderse ahora por globalización es más
bien un criterio relativista de juicio que se ha extendido a todos los
ámbitos, un procedimiento de elección entre alternativas comparables entre
sí. Ante esta "indiferencia" de los objetos, se vuelve determinante
la consideración subjetiva del gusto, de la preferencia, de la utilidad, de
la oportunidad. Este criterio de evaluación y de juicio está detrás de
muchos de los problemas de la vida y de la familia que se suscitan en la
actualidad y que son materia de este encuentro: divorcio, convivencia de
hecho, aborto, eugenesia, eutanasia. Si es indiferente vivir con una persona u
otra, engendrar un hijo u otro, todo según preferencias subjetivas, ya no
puede existir ningún criterio de elección que trascienda las circunstancias,
la reacción instintiva. Por eso, frente a este prevaleciente subjetivismo que
lleva al relativismo ético, con sus gravísimos peligros, debemos volver a
conceder un lugar central, como de piedra angular a la Declaración
Universal de Derechos Humanos, con la protección que garantiza a la
familia y a la vida.
RECOMENDACIONES
Estas conclusiones
nos llevan a presentar las siguientes recomendaciones:
1. Considerar la
defensa de la familia y de la vida como acción central para los políticos y
legisladores, para tutelar los valores fundamentales en sus respectivos
países y en los foros internacionales, en contra de falsas alternativas.
2. Influir en los
gobiernos a fin de que sus delegaciones ante los organismos y reuniones
internacionales tengan una auténtica representación del sentir de cada país
en favor de la familia y de la vida, atendiendo al alto concepto y aprecio que
manifiestan.
3. Promover el
conocimiento y difusión de la Encíclica Evangelium Vitae, como
defensa profética de los más pobres, inocentes y desvalidos, en la
categoría de personas que requieren un cuidado especial. Defiende los
fundamentos primarios de la sociedad contra los excesos del individualismo y
de la cultura de la muerte, que es creciente amenaza contra los pueblos
pobres, cuya soberanía es conculcada con una especie de invasión ideológica
que priva la familia y la vida de sus derechos.
4. Oponerse con
firmeza a cualquier legalización del aborto y procurar cambiar
progresivamente las leyes permisivas donde existan. Es importante en este
campo legislativo luchar siempre y no resignarse sin comprometerse en esta
noble y decisiva causa, porque las leyes son siempre mejorables.
5. Promover leyes que
reconozcan al embrión humano como sujeto al mismo nivel de cualquier
otro individuo ya nacido y rechazar aquellas que lo consideran como objeto que
se pueda manipular.
6. Procurar que las
políticas de educación sexual estén basadas en los valores de la familia y
de la vida en el respeto, en el uso adecuado de la libertad que evite la
banalización del sexo, y respeten el derecho de los padres sobre la
educación de los hijos.
7. Vigilar a fin de
que en los medios de comunicación social, el valor de la vida y de la familia
sea respetado y promovido como base misma de la democracia.
8. Intervenir con
leyes en el campo de la fecundación artificial, para contrarrestar la
permisividad actual, escogiendo como criterio de orientación el bien del hijo
y garantizando, por tanto, su derecho a la vida, a la familia y a la
identidad. Es preciso legislar en defensa del embrión humano, con el
reconocimiento de los derechos que le son debidos como sujeto, persona
humana.
9. Promover la lucha
contra el dolor también mediante curaciones paliativas, y fomentar la
organización de estructuras públicas y privadas para asistir humana,
espiritual y físicamente, a los discapacitados y enfermos así llamados
terminales.
10. Apoyar la
organización de los servicios de salud públicos y privados, de manera que se
asegure a todos el acceso a la protección de la vida y la salud.
11. Cuidar de la
formación del personal de salud, médico y paramédico, a fin de que preste
atención respetuosa a los derechos de las familias, de los niños nacidos y
por nacer, y al acompañamiento cuidadoso de los enfermos graves y terminales.
12. Vigilar no sólo
la elaboración de las leyes sino también su aplicación práctica en las
reglamentaciones, cuidando que el personal administrativo que las ejecuta sea
consciente y esté capacitado en los principios y criterios cristianos.
13. Fiscalizar las
acciones de los gobiernos nacionales, departamentales o locales, a fin de que
cumplan las leyes, normas y programas establecidos en favor de la familia y de
la vida.
14. Teniendo en
cuenta que la "política familiar debe ser eje y motor de todas
las políticas sociales" (Evangelium Vitae, 90), hacer que los
parlamentos sancionen leyes que establezcan una verdadera política de familia
con el positivo concurso de los padres e instituciones familiares al menos en
los siguientes puntos:
- igualdad de
oportunidades de trabajo y de salario para la mujer;
- facilitación de
periodos comunes de vacaciones de los esposos de manera que se conserve y se
refuerce la unidad de la familia como comunidad de vida;
- facilitación a los
esposos de posibilidades de trabajo en áreas no muy distantes uno del otro;
- Buscar caminos para
que el trabajo de la mujer fuera del hogar, a que se ve muchas veces obligada,
no vaya en detrimento de su misión en la familia de tal modo que haya
mecanismos de alivio y humanización.
- respeto de un
tiempo libre adecuado durante el embarazo para la mujer y, cuando sea
necesario, también para el hombre;
- evitar la
discriminacion de la mujer por la posibilidad de embarazo y por la atención a
sus niños pequeños; y
- facilitar a las
familias nuevas, la adquisición o alquiler de vivienda.
15. Apoyar la
constitución de una red continental de legisladores y políticos de América
en defensa de la vida y la familia, a fin de abrir un espacio continuo y ágil
de comunicación, asesoramiento y coordinación de iniciativas comunes.
16. Apoyar la
creación de una comisión multipartidaria de legisladores por la vida, que
dé seguimiento a los contenidos y compromisos de este III Encuentro de
Legisladores y Políticos de América y abra un espacio permanente de
reflexión y acción legislativa a favor de la vida humana.
17. Promover la
organización de centros de investigación y apoyo a las actividades pro-vida
y familia.
18. Organizar
diálogos y encuentros semejantes a éste al interior de cada país de America
con ocasión del Jubileo del Año 2000.
Somos conscientes de
la gran responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros como Politicos y
Legisladores de nuestras Naciones, al igual que reconocemos los grandes
desafios que debemos afrontar en la defensa de la familia y de la vida.
Somos también conscientes de que no estamos sin recursos, sin ayuda o sin
fuerzas. El Señor de la Familia y de la Vida está con nosotros. La llamada de
Cristo nos compromete como hijos e hijas de la Iglesia y de América, a
continuar ejerciendo nuestra vocación de Políticos y Legisladores en un
diálogo abierto y comprometido que ponga el bien de la familia en el centro
mismo de nuestras preocupaciones y tareas, atentos a las aspiraciones profundas
de nuestros pueblos y siguiendo fielmente las enseñanzas y las orientaciones
del Magisterio de la Iglesia. Así acogemos la exhortación que ha tenido la
bondad de dirigirnos el Santo Padre a renovar nuestros "esfuerzos por
promover, particularmente en el ámbito político y legislativo, los valores
fundamentales de la familia y la vida, fomentando incansablemente su
trascendente dignidad".
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