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PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS DECRETO
II. Recurso contra un Decreto general que establece un tributo diocesano 1. Resultando que el Recurrente, en nombre de la Conferencia Nacional de Superiores Mayores de Religiosos, habiendo presentado ante este Consejo Pontificio, con fecha de 12 de abril de 1999, recurso contra el Decreto general del Arzobispo XXXX “Sobre la reordenación económica en las diversas estructuras de nuestra iglesia particular”, pidiendo una decisión “super legitimitate et congruentia Decretum inter et normam codicialem”, modificó posteriormente dicho recurso -con fecha de 10 de agosto de 1999- para precisar y delimitar mejor las cuestiones aducidas. En su escrito los recurrentes exponen en primer lugar algunos precedentes, haciendo al respecto diversas consideraciones. Después afirman que: “Secundum nostram sententiam in Ecclesia exsistere debet organum competens ad praebendam aequam solutionem in huiusmodi casu; non enim omnia Sanctae Sedis dicasteria possunt incompetentes sese declarare”; y concluyen presentando sus preguntas específicas:
El recurso, en su formulación definitiva ha sido registrado en este Consejo Pontificio para los Textos Legislativos con fecha de 14 de junio de 1999.
2. Habiendo sido examinadas detenidamente las disposiciones particulares del Decreto impugnado, así como los documentos presentados por los religiosos recurrentes y por el Arzobispo;
3. Visto que: 3.1. En el documento “Appunto” unido a la carta de la Congregación para el Clero del 20 enero de 1998 (documento al que se adhirió la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica -con carta del 15 de diciembre de 1997-, mostrando su pleno acuerdo y calificándolo como “estudio válido para dar una respuesta jurídicamente fundada a los recurrentes”) se examinan puntualmente todos los aspectos del Decreto general, tanto sustanciales como de procedimiento, y se dan precisas indicaciones, sugiriendo las modificaciones que era oportuno hacer para su plena congruencia con las normas del Código de Derecho Canónico, y señalando las vías de solución para posibles casos especialmente complejos; 3.2. Un grupo de Superiores Mayores de Institutos religiosos presentó, con fecha de 25 de junio de 1998, un recurso contra la -así llamada- “decisión” arriba referida de las Congregaciones para el Clero y para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica ante el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica. Ese Tribunal, rechazó el recurso el 7 de julio de 1998, bajo la firma del Secretario por cuanto presentado “extra terminum peremptoriun triginta dierum utilium...“. Contra ese Decreto, con fecha de 21 de julio de 1998, se presentó recurso ante el Congreso del mismo Tribunal, el cual confirmó aquella decisión del Excmo. Secretario, rechazando la solicitud de readmisión en el plazo, después de haber expuesto, junto a otros argumentos, los siguientes: “-Iuxta praelaudato art. 123 § 1, Const. ap. “Pastor Bonus”, recursus contentioso-administrativus coram Secunda Sectione huius Signaturae Apostolicae spectare potest tantum “actus administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos”; -Decretum Em.mi Archiepiscopi.... diei 1 novembris 1996 –quod ceterum probatum non est a Dicasterio Curiae Romanae– haberi nequit actus administrativus singularis de quo in cann. 35ss...“; 4.Considerando en derecho que: 4.1. Las cuestiones, tal como se presentan en el recurso definitivo, no se refieren propiamente a la legitimidad y congruencia de las disposiciones del Decreto general del Arzobispo con el canon que permite establecer el tributo ordinario o con otras normas universales; se refieren, en cambio, a la recta aplicación de aquellas disposiciones, teniendo en cuenta las concretas circunstancias locales, especialmente por cuanto concierne la moderación y proporcionalidad del tributo. De hecho, la determinación del canon sobre el derecho del Obispo a imponer un tributo moderado “personis iuridicis publicis suo regimini subiectis” es sencilla y unívoca, de manera que -si bien con las necesarias clarificaciones terminológicas- de modo directo no hay duda sobre las respuestas que se deben dar, especialmente a las dos primeras cuestiones, con independencia del contenido del Decreto general en cuestión. Igual consideración puede hacerse sobre la aplicación de la respuesta de la Comisión Pontificia para la Interpretación de los Decretos del Concilio Vaticano II, del 25 de junio de 1979. Por tanto, si se estuviese sólo al tenor literal de las cuestiones presentadas, no sería necesario tomar resolución alguna sobre el Decreto general en este Consejo Pontificio. Sin embargo, teniendo en cuenta que cuando se presentó el recurso el 12 de abril de 1999, (antes de que los mismos recurrentes cambiasen la formulación de las cuestiones), se pedía genéricamente una decisión “super legitimitate et congruentia Decretum inter et normam codicialem”, este Dicasterio -después de examinar los aspectos jurídico-canónicos implicados- se pronuncia sobre la legitimidad y congruencia con las leyes universales de la Iglesia del Decreto general impugnado; 4.2. El canon 1263 trata de dos tributos distintos: uno ordinario y una contribución o tributo extraordinario. La cuestión presentada atañe sólo al tributo ordinario. El canon establece que, después de haber oído al Consejo de asuntos económicos y al Consejo presbiteral, el Obispo diocesano tiene derecho a imponer un tributo, moderado y proporcional a los ingresos (sin especificar si antes o después de deducir los gastos), a las personas jurídicas públicas (excluidas, pues, las personas físicas) sujetas a su jurisdicción. Se trata, por tanto, de un derecho del Obispo. Y, en consecuencia, queda a su voluntad el decidir si imponer o no el tributo, teniendo en cuenta la situación de hecho existente en su Iglesia particular, en relación tanto al ente diócesis cuanto a los sujetos al tributo. De hecho, si la diócesis estuviese ya bien dotada de recursos económicos -destinables a fines comunes- podría prescindirse de un tributo del género. Si, de otro lado, por las circunstancias en que pudieran encontrarse las personas jurídicas potencialmente sujetas al tributo, la imposición habría de ser causa de patentes dificultades y desigualdades, podría ser necesario o no imponerlo o hacerlo con una proporción diversificada. En una decisión de la Sagrada Congregación del Concilio, del 11 de marzo de 1911, a propósito del “catedrático”, se lee: “...consuetudo tamen vel usus non improbatur, quo onus Cathedraticum pensitanti vel minui possit, vel singulis annis non urgeat...” (en AAS, IX [1917] 497). El Obispo diocesano, consecuentemente, tiene el derecho de imponer el tributo, y de aumentarlo o disminuirlo según las circunstancias; y tiene así mismo el derecho de no imponerlo o de suspender su aplicación. El ejercicio de la facultad conferida al Obispo diocesano, naturalmente, debe estar motivado, lo cual, conforme a la ratio de la ley, implica el atenerse a la situación de hecho al establecer la proporción. Para usar el derecho que le confiere el canon de imponer el tributo, el instrumento jurídico a disposición del Obispo diocesano es el decreto general, dirigido a quienes pueden ser sujetos pasivos. La racionalidad canónica de los decretos generales, tanto legislativos como ejecutivos, se encuentra en su ordenarse al bien común de la comunidad sujeta a la potestad de la autoridad que los promulga. El decreto general que establezca el tributo ordinario de que se trata en el can. 1263, puesto que se fundamenta en una ley que remite la materia al legislador inferior, debe ajustarse a sus términos, y no debe ser contrario a las demás normas universales de la legislación canónica. Se subraya ese “no ser contrario”, pues, por cuanto se refiere a su ser secundum legem o extra legem, proviniendo de un Obispo diocesano, la determinación del ámbito extensivo está dentro de la discrecionalidad de su potestad de gobierno. La legitimidad esencial de semejante decreto general exige que provenga de quien tiene la autoridad para dictarlo, y -puesto que el canon lo requiere- que sea formalizado según el procedimiento establecido; su legitimidad aplicativa se da cuando viene impuesto a los destinatarios preestablecidos por la ley, siempre que el contenido de la imposición no sea contrario a otras eventuales normas universales; 4.3. Debe advertirse que en las dos primeras cuestiones (A y B) los recurrentes usan los vocablos “exento” y “no exento”, que sin embargo no se encuentran en el CIC. Es verdad que el can. 591 utiliza el término “eximir”, pero el principio ahí establecido se enuncia en el Código vigente como una posibilidad de concesión por parte del Romano Pontífice y ya no como una fuente de derechos definidos. El ámbito de la exención no ha sido especificado en el CIC, su determinación estará eventualmente en el derecho propio de cada concreto instituto de vida consagrada. Por otra parte, en lo concerniente a la noción de persona jurídica pública, basta remitirse al can. 116 § 2. La cláusula suo regimini subiectis del can. 1263, no se refiere a una dependencia parcial del gobierno del Obispo diocesano -cual es el caso de todos los religiosos cuando se trata, por ejemplo, de la cura de almas, del ejercicio público del culto divino, o de otras obras de apostolado (cfr. can. 678 § 1)-, sino que se refiere al hecho de estar sujeto a la jurisdicción del Obispo diocesano; 4.4. Algunos aspectos del proceso de elaboración del can. 1263 pueden contribuir a clarificar el valor exacto de la expresión suo regimini subiectis. Las palabras suo regimini subiectis fueron añadidas en el texto propuesto por la Secretaría de la Comisión Pontificia para la Revisión del CIC, en vista de la Plenaria de octubre de 1981 (cfr. Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita, Typis Polyglottis Vaticani, 1991, pp. 486-493). El Secretario de esa Comisión Pontificia explicó que ese texto se había redactado porque los Padres de la Plenaria habían enviado muchas observaciones por escrito sobre el proyecto de canon en cuestión, “praesertim quia indiscriminate tributum imponebatur”. Concretamente un miembro de la Plenaria había observado que “canonem sine ulteriore determinatione admitti non posse, quia iniustitiis ansam praebet. Explicite statuatur quod ius Episcopi restringitur ad personas eius iurisdictioni subiectas, exclusis proinde Institutis iuris pontificii. [Communicationes 16 (1984) 29]. Una nueva redacción, con el añadido de la expresión suo regimini subiectis fue aprobada por la Plenaria. Para entender el sentido exacto de las palabras suo regimini subiectis en el can. 1263, se debe tener presente también la Interpretación auténtica, del 20 de mayo de 1989, sobre un caso parecido al que se está examinando. En efecto, el Consejo Pontificio para la Interpretación de los Textos Legislativos dio la siguiente respuesta: “D. Utrum sub verbis can. 1263 “personis iuridicis publicis suo regimini subiectis” comprehendantur quoque scholae externae institutorum religiosorum iuris pontificii. R. Negative” [AAS 81 (1989) 991]. Parece obvio que si las escuelas externas de los institutos religiosos de derecho pontificio no pueden quedar sujetas al tributo del can. 1263, es precisamente porque no están sujetas al régimen, o sea, a la jurisdicción plena, del Obispo diocesano; 4.5. A la luz del iter y de la Interpretación auténtica del can. 1263, resulta necesario considerar por separado las diversas clases de entes eclesiásticos mencionados en el Decreto del Arzobispo. - Las parroquias -y concretamente su communitas christifidelium, encabezada por el párroco- son personas jurídicas públicas (cfr. cann. 515 § 3, 116 § 2) plenamente sujetas a la jurisdicción del Obispo diocesano. Por eso se les puede imponer el tributo. Se debe notar que en el can. 520 § 2 se prescribe que se realice un acuerdo escrito entre el Obispo diocesano y el Superior competente “qua inter alia expresse et accurate definiantur quae (...) ad res oeconomicas spectent”. La legislación canónica actual determina para las parroquias, sin excepción alguna, la existencia de personas jurídicas distintas, teniendo cada una de ellas su propia autonomía (cfr. can. 515 § 3). Por consiguiente, también para las parroquias que en cualquier modo hayan sido encomendadas a los religiosos, se debe afirmar que la persona jurídica “instituto religioso” y la “parroquia” son dos entidades distintas (esta última es -como ya recordado- persona jurídica pública sujeta al Obispo diocesano en virtud del mismo derecho), y distinto es asimismo el “beneficio”, allí donde todavía exista (cfr. can. 1272). Además, la respuesta de la Comisión Pontificia para la Interpretación de los Decretos del Concilio Vaticano II, de 25 de junio de 1979, resolvió “Affirmative, salvis iuribus quaesitis, si quae extent”, la cuestión “Utrum norma, de qua in Litteris Apostolicis Motu proprio datis, die 6 augusti 1966, ‘Ecclesiae Sanctae’, I, 33, relate ad potestatem Ordinarii loci, de consensu competentis Superioris, committendi paroeciam religioso Instituto, includat quoque facultatem scindendi eandem unionem, vi can. 1425 C.I.C. statutam, absque interventu Apostolicae Sedis”. El sentido de esa resolución, si se tiene en cuenta el actual ordenamiento canónico, no puede ser sino éste: las uniones de parroquias a las casas religiosas (ambos párrafos del can. 1425 CIC 1917, y por ello incluidas las unidas pleno iure) pueden ser separadas por el Ordinario del lugar; sin embargo, en tales casos se deberá tener en cuenta los posibles derechos adquiridos (por ej. en cuanto al patrimonio o sobre otros aspectos). Esa Interpretación lleva a distinguir entre los derechos adquiridos y la unión: los primeros permanecen, la segunda puede ser regulada en modo diverso. Si para la escisión de la unión de las parroquias pleno iure se recurre en la norma al Ordinario del lugar es porque se le reconoce su jurisdicción sobre la persona jurídica que es la parroquia. Uno de los derechos adquiridos del instituto religioso tocante a la parroquia, es el de continuar teniendo -salvo separación definitiva concordada- la cura pastoral de la parroquia que le había sido unida pleno iure, de modo conforme con lo previsto en el ordenamiento canónico actual, pero no en cambio el derecho a conservar la parroquia en el estado de unión pleno iure, según el ordenamiento canónico de 1917. Por lo tanto, generalmente, también las parroquias consideradas como unidas pleno iure, siendo parroquias están sujetas al Obispo diocesano y, como consecuencia, pueden ser sometidas al tributo ordinario por lo que se refiere a sus rentas, salvo eventuales y documentados derechos adquiridos específicos. Supuesto que existan casos de parroquias unidas pleno iure y que el Arzobispo no haya efectuado la separación, o bien que no se haya realizado todavía el acuerdo bilateral prescrito en el can. 520 § 2, si el Arzobispo quiere imponerles el tributo ordinario tendrá que seguir la vía de las disposiciones jurídicas arriba señaladas. Si en algún caso concreto no se encontrase el modo de llegar a un acuerdo, siempre será posible el recurso a las Congregaciones competentes, que decidirán conjuntamente. - Las iglesias y capillas anejas a una casa de un instituto religioso o de una sociedad de vida apostólica, en cuanto que de por sí no son personas jurídicas, no pueden ser consideradas sujetos pasivos del tributo. El impuesto sí puede imponerse, en cambio, a la persona jurídica a la que pertenezca la iglesia o la capilla siempre que aquella esté sujeta a la jurisdicción del Obispo diocesano; no, por tanto, si esa persona jurídica es un instituto religioso o una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio. En efecto, según el derecho universal vigente, las iglesias conventuales forman un totum unum con la casa religiosa (convento) erigida por el Superior competente, previo consentimiento del Obispo diocesano (cfr. can. 609 § 1). Para los institutos clericales, el consentimiento del Obispo diocesano lleva consigo el derecho de tener una iglesia y de cumplir los ministerios sagrados (cfr. can. 611, 3º). En el ordenamiento canónico estas iglesias son anejas a una persona jurídica pública, o lo que es lo mismo, a la casa religiosa de la que forman parte. Es importante subrayar que esas iglesias por lo general no tienen personalidad jurídica (canónica) ni pública ni privada, sino que entran en la personalidad jurídica pública del convento. - Para las otras iglesias encomendadas a un rector o para las capellanías (cfr. cann. 556 y ss.) es necesario verificar en cada caso si hay una persona jurídica pública sujeta a la jurisdicción del Obispo diocesano: sólo en caso afirmativo podrá imponérsele el tributo; 4.6. En relación a la cuantía del tributo, la ley vigente solamente prescribe que sea moderado y proporcionado. Para la determinación de la medida que pueda dársele es necesario tener en cuenta las circunstancias particulares del lugar. Se deja así espacio para la valoración de las diversas posibles situaciones. Las determinaciones concretas se reservan al Obispo diocesano, quedando a salvo la posibilidad de presentar recurso quien, en un caso concreto, se vea requerido quizá injustamente -atendiendo a los recursos económicos efectivos del ente gravado- al cumplimiento de la disposición impositiva;
5. Comprobada la propia competencia, conforme al can. 158 de la Const. Ap. “Pastor Bonus”, y limitándose a los aspectos de legitimidad y congruencia con las leyes universales de la Iglesia del Decreto general del Arzobispo arriba referido, este Consejo Pontificio para los Textos Legislativos decide cuanto sigue: I. El Decreto es válido porque fue promulgado por el Obispo diocesano en el ámbito de su propia competencia, conforme al can. 1263 del Código de Derecho Canónico, habiendo observado las formalidades prescritas. II. En el contenido del Decreto no existen disposiciones contrarias al can. 1263 o a las demás normas universales; y específicamente ni en lo relativo a los sujetos sometidos al tributo ordinario, ni en lo relativo al montante del tributo, ni, finalmente, en lo que se refiere a los modos de hacerlo efectivo. III. No obstante lo anterior, para evitar interpretaciones equívocas se debe precisar lo siguiente:
IV. El presente Decreto se notifica al Arzobispo y al Recurrente.
Ciudad del Vaticano, 8 de febrero de 2000 Julián Herranz Bruno Bertagna |
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