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INTERVENCIÓN
DE MONS. GIOVANNI LAJOLO,
SECRETARIO PARA LAS RELACIONES CON LOS ESTADOS,
SOBRE LA ACCIÓN DE LA DIPLOMACIA DE LA SANTA SEDE
EN DEFENSA DE LA FAMILIA
EN LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Viernes 12 de noviembre de 2004
El tema de la familia y de la vida, junto con los de la dignidad de la persona
humana y de la paz, están ciertamente entre los temas que caracterizan este
pontificado o, mejor dicho, entre los temas que en el pontificado de Juan Pablo
II, en plena continuidad y sintonía con los de sus predecesores y en realidad
con toda la Iglesia, han asumido una dimensión preeminente.
Por ello no puede sorprender que también la diplomacia de la Santa Sede se haya
comprometido en ellos con una atención e intensidad cada vez mayores en todos
los ámbitos en los que está llamada a cumplir su misión.
Específicamente el interés de la Iglesia por la familia se sitúa en perfecta
sintonía con su compromiso en defensa de la persona humana. La familia es el
lugar natural donde la unión entre los cónyuges da origen a la vida, que estos
nutren, protegen y orientan. Constituye también la primera escuela de las
virtudes sociales, que son el principio activo de la existencia y del desarrollo
de la misma sociedad.
Desgraciadamente, en la sociedad actual se manifiestan algunas tendencias que
pueden considerarse negativas para su desarrollo armónico, y contribuyen más
bien a su fragilidad e incluso a su desintegración.
El argumento es muy amplio y complejo y la presentación no será exhaustiva.
Me limitaré, por lo tanto, solamente a indicar la acción que la Santa Sede
ejerce en defensa de la familia en relación con alguno de estos problemas, que
considero cruciales, en las diversas organizaciones internacionales en las que
está presente. No trataré de la evolución de estas tendencias en ámbitos
nacionales ni en otro tipo de uniones institucionales entre Estados, como la
Unión europea.
Me referiré, en concreto, a los siguientes argumentos: la unicidad del concepto
de familia; el derecho de los padres a la educación de los hijos; el derecho de
los padres a decidir el número de hijos; la participación de la mujer en
actividades fuera del hogar; los nuevos adelantos científicos concernientes al
origen y al final de la vida; los grandes movimientos de población.
Acción de la Santa Sede
La Santa Sede se interesa vivamente por los esfuerzos de las organizaciones
internacionales e intenta aportar una contribución de manera conforme a su
misión específica, que no es puramente técnica, sino de defensa del ser humano
en todos sus aspectos, recordando que los valores morales, no menos que los
valores políticos, militares y económicos, tienen gran importancia en las
relaciones entre los pueblos y entre los Estados, para que estas relaciones sean
justas y pacíficas, y redunden en el bien de los individuos. En la mayor parte
de estos organismos la Santa Sede está presente con un estatuto de Observador,
pero esto no impide que pueda hacer oír su voz de modo directo en muchas
ocasiones o indirectamente a través de su trabajo con las delegaciones
gubernamentales con las que establece una colaboración activa y sincera.
La acción en defensa de la familia por parte de la Santa Sede en estos
organismos utiliza con frecuencia, en conformidad con la naturaleza de los
mismos, el recurso al conjunto de normas jurídicas básicas, aceptadas por la
comunidad internacional, que consideran la familia como sujeto e institución,
con deberes y derechos propios en la sociedad.
En relación con las ciencias que tocan el origen de la vida, es necesario
subrayar, sin embargo, que si la ciencia jurídica tiene una metodología y un
campo de investigación que le son propios, no puede prescindir ni de los datos
biológicos ni de los datos antropológicos y éticos.
Desgraciadamente, las normas
jurídicas que se están adoptando en esta materia durante los últimos años
tienden muchas veces a avalar las situaciones ya en acto, prescindiendo de
algunos datos biológicos, antropológicos y éticos. Es emblemático el modo como
se utilizan, por ejemplo, las expresiones "ser humano" y "persona humana". Al
primero se garantiza la dignidad, mientras que la integridad, es decir la vida,
es garantizada solamente a la "persona humana", al ser humano después del
nacimiento, según el acuerdo tácito adoptado, como si la vida en el seno materno
no fuera la vida de una persona humana y no tuviera derecho a su defensa.
Cuando estos documentos presentan posiciones incompatibles con la doctrina y la
moral católica, la Santa Sede hace conocer sus reservas, naturalmente.
Unicidad del concepto de familia
Punto de referencia fundamental para el reconocimiento de la esencia y del rol
de la familia es el artículo 16, 3 de la Declaración universal de derechos
humanos, del 10 de diciembre del 1948: "La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del
Estado".
La Santa Sede sigue afirmando que Dios ha creado al hombre y a la mujer como
seres inteligentes, que se complementan sexual y psicológicamente para dar
origen a la prole, mediante su unión en el seno de la familia. Este es el
designio de Dios "desde el principio" y no es producto de un consenso social. La
familia así formada es anterior y más necesaria que el Estado, con todo lo que
esto implica en relación con la "soberanía" del mismo.
La Santa Sede, por tanto, se opone fuertemente a cualquier intento de debilitar
la familia o a las propuestas de definir de nuevo su estructura, como las que
intentan asignar el estatuto de familia a otros tipos de uniones. Así lo ha
defendido con claridad en las diversas Conferencias mundiales organizadas por
las Naciones Unidas y sigue defendiendo hoy en día en los organismos
internacionales, en los que continuamente se propone el problema: en el IV
Comité de la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, en la
Secretaría general, y en la Organización mundial del trabajo, cuando se trata de
los derechos de protección social para las uniones de hecho. En la primera fase
de la Cumbre mundial de la Sociedad de información (Ginebra 2003). Lo mismo en
las Organizaciones de ámbito regional, como el Congreso del Instituto
interamericano del niño, de la Organización de los Estados Americanos (Ciudad de
México, octubre 2004), en los diversos Comités y Conferencias ministeriales del
Consejo de Europa y en la Comisión internacional sobre el Estado civil (CIEC).
Las delegaciones de la Santa Sede en estos ámbitos invitan, además, a
reflexionar sobre las consecuencias que se derivan de este grave atentado a la
institución familiar, que debilita el tejido social e impide el desarrollo
humano, con graves consecuencias, en particular sobre el crecimiento armónico de
los hijos.
Derecho de los padres a la educación de los hijos
La Santa Sede sigue reafirmando que los padres tienen el deber primero y el
derecho inalienable de educar a sus hijos y deben ser considerados los
principales educadores. El niño debe crecer, en lo posible, bajo su custodia y
bajo su responsabilidad y debe beneficiarse de una enseñanza que tenga en cuenta
los valores éticos fundamentales y que haga posible la educación según la
orientación deseada por los padres y de acuerdo con las exigencias de una
libertad de conciencia bien entendida, a la que el individuo debe ser preparado
durante la infancia y durante la adolescencia.
Este derecho y esta
responsabilidad de los padres a la educación de los hijos están reconocidos en
muchos documentos internacionales. La Declaración universal de derechos humanos
afirma en el artículo 26, 3 que "los padres tendrán derecho preferente a escoger
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos" (se podría añadir toda una
lista de otros instrumentos internacionales que afirman este derecho: el Pacto
internacional sobre los derechos civiles y políticos, n. 18, 4; el Pacto sobre
los derechos económicos y sociales, n. 13, 3; el Convenio europeo de los
derechos humanos, Protocolo 1, n. 2; el Convenio interamericano de los derechos
humanos, n. 12, 4. El derecho de los padres a la educación de los hijos implica,
en consecuencia, el derecho a establecer y dirigir escuelas y otras
instituciones de enseñanza, afirmado en el Pacto sobre los derechos económicos y
sociales, n. 13, 4, y la obligación del Estado de respetar y promover la moral y
los valores tradicionales de las comunidades, afirmada en la Carta africana,
n. 17, 3. En relación con el derecho a la libertad y a la educación religiosa de
los hijos se han manifestado la Declaración universal, n. 26; el Pacto sobre los
derechos políticos y civiles, n. 18, 4; el Convenio interamericano, n. 12, 4; y
el Convenio europeo, Protocolo 1, n. 2). También el Convenio sobre los derechos
del niño afirma que "incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes
legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño" (art.
18, 1).
Hoy en día es necesario insistir, en particular, en este derecho de los padres
en relación con la educación sexual. Si desgraciadamente se deben constatar
casos en los que los padres no asumen debidamente estas responsabilidades, sería
utópico pensar que lo mismo no pueda suceder a las otras personas que trabajan
en estos servicios.
La Santa Sede ha propuesto su posición, interviniendo directamente, cuando es
posible, en las actividades organizadas en el ámbito de las Naciones Unidas para
dar realización a cuanto se decidió en las Conferencias mundiales sobre la
población y sobre la mujer, en el III Comité de la Asamblea general, en el
Consejo económico y social (ECOSOC) y en el Fondo de las Naciones Unidas para
las actividades en materia de población (UNFPA); en el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los refugiados; en la primera fase de la Cumbre mundial de
la Sociedad de información (Ginebra 2003); en diversas actividades de la Unesco
y en las Conferencias internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
En ámbito regional, estos temas se tratan sobre todo en el Consejo de Europa.
Derecho de los padres a decidir el número de hijos
La Santa Sede considera que las actividades de las autoridades públicas y
organizaciones privadas que intentan de cualquier modo limitar la libertad de
los cónyuges en sus decisiones acerca del número de hijos y del espaciado entre
los varios nacimientos constituyen una grave violación de su derecho a decidir
en la materia. Las ayudas económicas o de otro género destinadas a las familias
no pueden estar, de ninguna manera, condicionadas a la aceptación de programas
de contracepción, esterilización o aborto.
Este derecho de los padres se encuentra afirmado explícitamente en la normativa
internacional. Así en el artículo 16/e del Convenio para la eliminación de todas
las formas de discriminación de la mujer, en el número 16 de la Proclamación de
la Conferencia sobre Derechos humanos de Teherán, 1968, y en otros documentos
emanados por la Asamblea general de las Naciones Unidas y de la Organización
mundial de la salud.
Sobre el modo de ejercitar este derecho la Santa Sede interviene frecuentemente
en los organismos citados anteriormente.
La posición de la Iglesia católica en relación con la paternidad responsable es
bien conocida, aunque con frecuencia no es correctamente interpretada. Algunos
piensan que es demasiado exigente para los hombres y mujeres de la sociedad
actual, pero no se considera suficientemente que incluye el máximo respeto por
la transmisión de la vida humana y pide una gran madurez de colaboración y
responsabilidad para los esposos, a los que es necesario ayudar con una
formación adecuada cuando convenga. Es una responsabilidad que exige, además,
mucho amor mutuo, disciplina y dominio propio, que refuerzan los vínculos
familiares.
Derecho de la mujer a ejercitar una profesión
y a participar activamente en la
vida social y política
A los derechos de la mujer se han dedicado un gran número de instrumentos
jurídicos internacionales, entre los cuales se pueden recordar el Convenio sobre
los derechos políticos de la mujer, de 1954, y el Convenio sobre la eliminación
de cualquier forma de discriminación contra la mujer, de 1981. En ellos se
afirma el reconocimiento del derecho de la mujer a ejercitar, cualquiera que sea
su estado matrimonial, los derechos y las libertades fundamentales en campo
político, económico, social, cultural y civil en igualdad con los hombres.
El Santo Padre, en preparación de la IV Conferencia mundial de las Naciones
Unidas sobre la mujer (Pekín, 1995), afirmó en diversas ocasiones su deseo de
subrayar la importancia de una mayor valoración de la mujer en la vida pública
(social, económica, cultural, educativa, política...), en la cual las mujeres se
están afirmando cada vez más, en los niveles más altamente representativos,
nacionales e internacionales. Es un proceso que hay que apoyar, continuaba el
Papa, porque la mujer demuestra que puede dar una contribución no menos
cualificada que el hombre en estos sectores.
Ciertamente, la participación de la mujer en la vida pública exige un
replanteamiento por parte de los cónyuges del modo de responsabilizarse de las
necesidades familiares, en el cuidado y en la educación de los hijos en primer
lugar y eventualmente en la atención a otras personas necesitadas de ayuda en el
interior de la familia, para que esta pueda continuar siendo el lugar de
comunión y desarrollo solidario de todos sus miembros. El acuerdo responsable
entre el marido y la mujer para tomar las decisiones que consideren más
apropiadas no parece, sin embargo, suficiente si en el ámbito social externo no
se crea una mentalidad orientada a la defensa de la institución familiar que
facilite, por ejemplo, horarios apropiados para hacer compatibles el compromiso
familiar y el trabajo, ayudas económicas adecuadas que permitan el desarrollo de
la familia, sin tener que recurrir al trabajo externo, en el caso en el que así
lo vean conveniente los cónyuges, ayudas especializadas de tipo económico,
médico y psicológico para acompañar y sostener a las familias en la dolorosa
tarea de atender a un persona con una enfermedad incurable, etc.
Estas cuestiones son tratadas y seguidas por la Santa Sede, por ejemplo, en el
III Comité de la Asamblea general de las Naciones Unidas, en el Consejo
económico y social (ECOSOC), en la Organización mundial de la salud (OMS) y en
el Fondo de las Naciones Unidas para las actividades en materia de población
(UNFPA), en la Comisión interamericana de mujeres, y en varias instancias del
Consejo de Europa.
Nuevas tecnologías aplicadas al origen y al fin de la vida
Este es un terreno amplísimo que concierne a los adelantos logrados en el campo
de la biomedicina; en las técnicas que permiten la creación, selección y
manipulación de embriones humanos; en la curación de enfermedades que antes se
resolvían rápidamente de modo negativo y ahora pueden alargar indefinidamente la
vida de los enfermos; en el cuidado de los enfermos terminales mediante los
llamados cuidados paliativos del dolor, etc. Sería imposible abordar ahora todos
los problemas implicados y las repercusiones que cada uno de ellos tiene sobre
la estructura familiar.
La Santa Sede está convencida de la necesidad de apoyar y promover la
investigación científica por el bien de la humanidad y anima la experimentación
que se lleva a cabo en los campos de la medicina y la biología, con el límite
del respeto de la dignidad y de la integridad del ser humano, desde el momento
de su concepción hasta la muerte natural del mismo, excluyendo lo que va contra
esa dignidad e integridad. Condena, por tanto, toda supresión de la vida, desde
el comienzo hasta el final natural de la misma. Es contraria también a las
técnicas que manipulan a un ser humano, sin respetar su dignidad y su
integridad, aunque sea para beneficiar a otras personas. Propone y defiende,
cuando es posible, la investigación por vías alternativas respetuosas de esos
principios.
Es favorable al desarrollo de nuevas técnicas para el alivio del dolor y propone
vivamente que se promuevan políticas para ayudar y sostener adecuadamente a las
familias que acogen entre sus miembros personas enfermas, discapacitadas o
personas ancianas no autónomas.
La Santa Sede tiene ocasión de hacer presente su posición en estas cuestiones
durante las sesiones de la Asamblea general de las Naciones Unidas, en el ámbito
de los debates sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en la Cumbre mundial
sobre el desarrollo social (Copenhague, 1995), sobre el proyecto de Convenio
sobre los derechos de los discapacitados (III Comité) y en los debates sobre las
células madre y la clonación humana (VI Comité). Estos temas se tratan también
en la Organización mundial de la salud (OMS) y en la Asociación mundial de
médicos (AMM). Ha tenido oportunidad de participar en la elaboración de la
Declaración universal sobre los derechos humanos y el genoma humano (Unesco). A
nivel regional, la Santa Sede ha participado activamente en la elaboración del
Convenio europeo sobre los derechos humanos y la biomedicina (Oviedo, 1997) y en
sus varios Protocolos, en el ámbito de las actividades del Consejo de Europa,
donde se tocan también ampliamente los problemas relacionados con personas
discapacitadas, ancianos no autónomos, etc. Estos últimos años, además, la
Asamblea parlamentaria trabaja sobre un proyecto de Resolución que tiende a
liberalizar el uso de la eutanasia en Europa, que encuentra una fuerte oposición
por parte de la mayoría de los diputados. La Iglesia católica es también
contraria, evidentemente.
Los grandes movimientos de población
Reconociendo las numerosas causas de los fenómenos migratorios hoy en día, la
Santa Sede se interesa sobre todo de sus dimensiones humanitarias. Los derechos
fundamentales de las personas obligadas a abandonar su país y de sus familias
son derechos inalienables e inviolables, y como tales deben ser respetados.
Existen numerosos instrumentos jurídicos que se ocupan de la protección de estos
derechos, entre los cuales el Convenio sobre el estatuto de los refugiados
(1950) y el Protocolo de 1967; el Convenio internacional sobre la nacionalidad
(1957); el Convenio internacional sobre la protección de los derechos de todos
los trabajadores emigrantes y de los miembros de sus familias (1990). En ámbito
regional las Convenciones de la Organización de Estados americanos y de la
Organización de la unidad africana.
La Santa Sede pide en muchas de sus intervenciones medidas preventivas y
correctivas necesarias para la protección y la ayuda a las mujeres refugiadas,
que en la mayor parte de los casos son las responsables de llevar adelante el
núcleo familiar restante, formado frecuentemente por niños y ancianos.
Se trata, en primer lugar, de defenderlas de los abusos y negligencias a los que
se pueden ver sometidas en estas situaciones extremas; pero también de promover
proyectos educativos y económicos, para que sean capaces de resolver los
problemas familiares de manera autónoma.
Una atención particular se debe prestar a la necesidad de preservar y dar fuerza
a la familia en los campos de refugiados y entre los emigrantes: la cohesión
familiar es la mayor fuerza que sostiene a estas personas. La Santa Sede concede
la mayor importancia a la cuestión de la reunificación familiar, y en no pocas
ocasiones se ha pronunciado a favor de una ayuda para la parte de la familia que
ha quedado aislada en el país de origen.
La Santa Sede trata en particular estas cuestiones en las actividades promovidas
por el Alto Comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas (UNHCR), en
la Organización mundial de la salud (OMS), en la Organización internacional para
las migraciones (OIM).
Del futuro de la familia depende el futuro de la humanidad.
La acción de la diplomacia de la Santa Sede en las Organizaciones
internacionales busca hacer realidad el deseo expresado por el Papa en la "Carta
a las familias" el año 1994, es decir, que el hombre moderno comprenda
qué grandes bienes son el matrimonio, la familia y la vida; y qué gran peligro
constituye el no respetar estas realidades y una menor consideración de los
valores supremos en los que se fundamentan la familia y la dignidad del ser
humano.
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