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INTERVENCIÓN DE LA SANTA SEDE DISCURSO DE MONS.
RENATO VOLANTE*
Señor presidente: Deseo congratularme por su elección para dirigir los trabajos de esta conferencia y, por su medio, agradecer al Gobierno de Brasil la acogida que ha querido reservar a nuestro encuentro, llamado a considerar la situación agrícola y alimentaria de la región latinoamericana y caribeña y a orientar con un dinamismo nuevo la acción de la FAO en esta área, para afrontar las necesidades vinculadas a la seguridad alimentaria. La Santa Sede, con su presencia, quiere mostrar su aprecio por la obra que la FAO realiza conjuntamente con los diversos Gobiernos en la lucha contra el hambre y la desnutrición, apoyando con la perspectiva esencialmente ética que le pertenece aquellas opciones de naturaleza política y social capaces de dar respuesta de modo concreto y coherente a las necesidades actuales. En efecto, está totalmente claro que la falta de una nutrición adecuada no sólo impide el desarrollo pleno de la personalidad de mujeres y hombres, sino que constituye una negación evidente de sus derechos, comenzando por el derecho fundamental a la vida, que en la alimentación tiene uno de sus componentes indispensables. Esta conferencia indica, una vez más, que el esfuerzo principal es transferir a una dimensión efectivamente humana aquellas fuerzas y datos que la técnica, las tecnologías y las nuevas investigaciones científicas permiten aplicar a la actividad agrícola y, por lo tanto, a la producción de alimentos. El compromiso es confrontarse con las más amplias estrategias elaboradas a nivel mundial para erradicar la pobreza, como también con las evaluaciones acerca de la meta de reducir a la mitad el número de las personas que padecen hambre antes del 2015, una fecha que está cada vez más cerca y que impone no quedar inertes ante la pobreza y la desnutrición, que continúan aumentando el número de las víctimas y de los que sufren. La agenda de los trabajos, a la luz de las actividades realizadas durante el bienio pasado, ha puesto en el centro de la reflexión los criterios para mejorar la seguridad alimentaria. Para muchos países de la región esto significa considerar no sólo las dificultades de la producción agrícola provocadas por factores ambientales y de territorio, sino también aquellos que se derivan de políticas comerciales particularmente desfavorables, causadas también por la ausencia de progreso en las negociaciones multilaterales sobre el comercio de los productos agrícolas. ¿Cómo olvidar que para muchos países la realidad económica depende casi exclusivamente de la exportación de un restringido número de productos típicos y, al contrario, la seguridad alimentaria de la importación de muchos alimentos? Además, de modo específico, no se debería descuidar la situación peculiar de la zona caribeña, en la que tienen un rol de aislamiento geográfico la relativa limitación del territorio y la exposición a la variabilidad climática, con los consiguientes desastres causados por fenómenos naturales. Concurre a determinar la vulnerabilidad de estos países —cuyos niveles de inseguridad alimentaria se presentan preocupantes— una serie de factores que tienen en la pobreza, en la base económica limitada y en los reducidos márgenes de ocupación el origen o el punto de llegada. En este marco se coloca también el aumento del uso no alimentario de los productos agrícolas que se destinan a otros usos, como la producción de biocarburantes. Esta tendencia puede representar una oportunidad para la protección del ambiente y de la biodiversidad en ella ampliamente presente, pero que hoy es indicada como la causa principal de un aumento de los precios sin precedentes con respecto a la década pasada, como también de un rápido cambio en el uso de los terrenos agrícolas sometidos a cultivos intensivos que los empobrecen. Todo tiene un impacto mundial que, aun presentando algunas ventajas para los agricultores productores, de hecho está causando consecuencias negativas sobre los niveles de pobreza en las áreas dependientes de la importación de alimentos y sobre la conservación de los terrenos. Esto significa que los Estados están llamados a actuar en base a consideraciones ponderadas, que tengan como objetivo esencial la tutela y la actuación del derecho a la alimentación, por lo cual no es pensable disminuir la cantidad de productos agrícolas para colocar en el mercado de los alimentos o para tener de reserva para las emergencias que podrían verificarse a favor de otros fines, también aceptables, pero que no satisfacen un derecho fundamental como es el derecho a la alimentación. Además, permanece abierta y problemática la cuestión de la reforma agraria; la revisión de su lenta evolución en los países de la región confirma cuán necesario es adoptar estrategias de propiedad de la tierra y legislaciones medidas con la posibilidad de ser realizadas concretamente. Cuando se afrontan las cuestiones del mundo rural se debe tener presente que la acción de los Estados y la actividad de cooperación deben animar y apoyar sobre todo la agricultura practicada a pequeña escala, la empresa agrícola familiar y las iniciativas económicas vinculadas con la pesca artesanal, ya que estas constituyen la realidad económica básica para la mayor parte de los países. Por lo tanto, toda reforma agraria debe poder hacer referencia a la realidad de los pequeños agricultores y de las comunidades indígenas, con su tradición lejana frecuentemente de la dimensión institucional y de las ventajas de nuevos criterios de producción o de modelos de consumo actuados en las áreas urbanas por un estrecho grupo de población. Se trata de un objetivo prioritario al que la Iglesia católica reserva gran atención, dispuesta a colaborar con sus estructuras y mediante la experiencia de las formas de asociación y cooperación entre agricultores, pescadores y artesanos ocupados en laborar la tierra y en la conservación de la producción que se deriva de ella. Señor presidente, los progresos realizados en la región ponen de manifiesto que la lucha contra el hambre y la desnutrición puede dar resultados si los diversos protagonistas —Gobiernos, instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, empresas y formas de agregación social en todos los niveles— se inspiran en un concepto de justicia que se realiza mediante acciones y proyectos concretos que tienen siempre presente la centralidad de la persona, criatura de Dios. En este sentido, hay que acoger positivamente la Iniciativa América Latina y Caribe sin hambre, que, precisamente a través de la corresponsabilidad de las diversas fuerzas presentes, constituye una respuesta responsable y solidaria de los diversos países para con la población, comenzando con aquellos que sufren carencias nutricionales cíclicas o incluso crónicas. La solidaridad, por lo tanto, está llamada a consolidar una acción conjunta contra la miseria en sus diversas formas, y también a asegurar políticas de desarrollo y cooperación capaces de remover la posición de evidente desventaja en que se encuentran quienes viven en las áreas de bajo rédito y con déficit alimentario. En este sentido, permite esperar la indicación de esta conferencia de incrementar políticas públicas por parte de los Estados y de la FAO para desarrollar el mercado agrícola a través de las estrategias de discriminación positiva a favor de la agricultura realizada por la familia agrícola que, custodia y continuadora de conocimientos, tradiciones, valores morales y respeto por la vida, constituye un operador económico visible en el contexto de la región. La delegación de la Santa Sede, si bien consciente de las dificultades, mira con confianza las capacidades de todas la fuerzas vivas comprometidas cotidianamente, recordando que desde tantas partes se mira a América Latina y el Caribe con particular atención para verificar cómo las raíces humanas, espirituales y religiosas de esta región pueden concurrir al desarrollo integral del mundo rural y de toda la sociedad, de la cual él constituye una gran parte. *L'Osservatore Romano. Edición semanal en lengua española n°23 p.10 (318). |
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