La Santa Sede se siente honrada de participar en la Conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre la Población con el fin de considerar las tendencias y políticas de población y sus implicaciones para el futuro de toda la familia humana, junto con los Estados miembros, los Observadores y las Agencias y Organizaciones internacionales. La Santa Sede desea aportar a estos encuentros y discusiones una perspectiva ética o moral en los problemas que se encuentran bajo consideración. El punto de vista de la Santa Sede obviamente se modela según su convicción de fe que subraya que el universo y cada ser humano han sido creados por Dios que cada persona ha sido redimida por Jesucristo, y que por la providencia de Dios goza de una existencia temporal y un destino eterno. Además, consecuente con esta convicción, la Santa Sede también se inspira en la comprensión de la persona humana y de su inclusión en la sociedad que es profundamente humanística, esto es, que se enfoca en la persona integral, respetando todas las capacidades humanas y sus potencialidades y respetando así la necesidad de crear una comunidad global donde todos puedan vivir en verdad, justicia y paz. En una palabra, se trata de un compromiso “por hacer la vida más humana” para todos. En esta perspectiva, la Iglesia católica, enteramente libre de condicionamientos políticos, económicos o ideológicos, desea prestar un servicio al hombre y a la comunidad internacional cumpliendo su misión profética para el bienestar de la persona y de la humanidad.

La Santa Sede reconoce la complejidad de las cuestiones implicadas en asuntos de población, así como su seriedad para el momento presente y para el futuro. Siendo consciente de que estos asuntos, si es que se quieren resolver satisfactoriamente para el bien de la humanidad, tienen que ser abordados desde una perspectiva ética, desea llamar la atención en primer lugar sobre algunos de los valores básicos implicados en nuestras discusiones: lo sagrado de la vida humana y su transmisión, la dignidad e importancia de cada persona, la inviolabilidad de todos los derechos humanos, el valor del matrimonio como la institución natural a la que se le ha encomendado exclusivamente la transmisión de la vida, y la necesidad de un compromiso global para la justicia social y el desarrollo socio-económico. A la luz de estos valores —universalmente reconocidos por los pueblos de diferentes culturas, religiones y bases nacionales—, se deben evaluar todas las políticas y estrategias.

En la Conferencia mundial sobre la Población de 1974, la Santa Sede no se asoció al consenso respecto a la adopción del Plan de acción de la población mundial. Aunque tomó parte activa en la Conferencia de Bucarest y apreció mucho lo contenido en el Plan de acción, se sintió seriamente preocupada por las corrientes de reflexión que subyacen al documento, especialmente las referentes a la familia, al respeto por la vida y al recurso indiscriminado a los medios para en control de la natalidad. Las cuestiones implicadas eran, y todavía son, cuestiones que conciernen a aspectos fundamentales de la comprensión básica de la persona.

A la luz de esta posición, la Santa Sede ha estudiado las Recomendaciones para el ulterior desarrollo del Plan de acción de la población mundial y presenta las siguientes observaciones:

La Santa Sede ha estudiado cuidadosamente los eventos demográficos y sus proyecciones tras la Conferencia mundial sobre la Población de 1974 en Bucarest y ha tomado parte en los encuentros preparatorios para la presente Conferencia a lo largo del año pasado. Muchas de las proyecciones más pesimistas del pasado, no se han realizado, y se han desarrollado ciertas corrientes que no se habían previsto. Es cierto que el mundo todavía está abocado a una diversidad de problemas de población específicos de varias regiones y naciones, con frecuencia relacionados con el proceso integral de desarrollo. Sabemos que, en general, la tasa de crecimiento de la población mundial ha declinado. al igual que las tasas de fertilidad y mortalidad. En algunas naciones desarrolladas las tasas de población crecen, a la vez que la fertilidad ha caído a niveles alarmantemente bajos, con un correspondiente aumento en la proporción de personas ancianas; en cambio, en algunas naciones en desarrollo, la tasa de crecimiento permanece muy alta. Hemos constatado mejoras en la recolección de datos y en los análisis, y se han extendido los censos a un número cada vez mayor de países, pero al mismo tiempo la experiencia nos advierte sobre la complejidad e incertidumbre de la proyección a largo plazo.

Las Recomendaciones para el ulterior desarrollo del Plan de acción de la población mundial nos dicen que la base para resolver los problemas de la población es la transformación socio-económica, y que las políticas de población deben ser parte de las políticas generales del desarrollo socio-económico y no substituirlo.

La Santa Sede quiere subrayar fuertemente que en todas las áreas de desarrollo, y particularmente en la política para la población. que incide en aspectos de la conducta humana profundamente ligados con la naturaleza y la felicidad de la persona, es necesario realizar un análisis crítico de las diversas teorías del desarrollo y confrontarlas desde sus bases más profundas. Las políticas de población y las políticas de desarrollo, de las cuales las primeras son parte, se dirigen hacia el bienestar de las personas individuales y hacia el bien común.

La dignidad y bienestar de la persona constituyen una parte central del fundamento sobre el cual se construyen las políticas de población. Consecuentemente la Santa Sede hace notar que el bienestar tanto material como espiritual de la persona debe ser tomado en cuenta en el proceso del desarrollo, porque los valores espirituales dan el sentido del progreso material, de los avances técnicos y de la creación de estructuras sociales y políticas que sirven a la comunidad de personas que llamamos sociedad. Los valores espirituales capacitan a la gente para ver la dignidad real de los bienes materiales, para así trabajar por obtenerlos sin sacrificar otros valores, y gozar de la vida aunque se carezca de algunas ventajas materiales. El desarrollo socio-económico, entonces, no es simplemente cuestión de una filosofía económica o de estrategia, sino que es más bien un proceso continuo que respeta el valor v la individualidad de cada persona, y en el que cada persona es libre de asumir la responsabilidad de su propio destino y crecimiento.

Sin embargo, la persona no es absolutamente autónoma, aislada de las demás. Cada persona es miembro de alguna, a veces varias comunidades —la familia, la comunidad tribal, la vecindad, la comunidad social y religiosa, la comunidad nacional y la global—. Al mismo tiempo, cada persona tiene responsabilidades hacia la comunidad. Se pretende que el desarrollo socio-económico ensanche la base para un compartir equitativo y un aprovechamiento apropiado de los bienes materiales. El progreso científico y tecnológico debe encontrar nuevos caminos para hacer ello posible a un siempre creciente número de gente; no simplemente para que sobrevivan, sino para que vivan juntos en dignidad, en unidad social, armonía y paz. Esto requiere una cooperación internacional, especialmente en asuntos económicos, en la tecnología y en el diálogo entre las naciones, en la constante investigación y descubrimiento de nuevos caminos para asegurar el desarrollo y el progreso para todos. Considerar todo el progreso como dependiente de una disminución de la población acusa una cortedad de visión y una quiebra de vigor que con frecuencia resulta de políticas o iniciativas que violan la dignidad humana y amenazan el bien común. Por el contrario, a la luz de las grandes disparidades entre pobres y ricos, es un reto a la comunidad global ir tras la justicia social y encontrar nuevos caminos para acelerar el proceso de desarrollo para ayudar a todas las naciones en el desarrollo de sus recursos —humanos y materiales—, y realizar un sistema económico internacional apropiado que se abra a todas las naciones a fin de que participen en él libre y equitativamente, con el debido respeto a sus tradiciones culturales y diferencias.

La Santa Sede expresa su preocupación en cuanto al establecimiento de metas cuantitativas del crecimiento de la población. Siempre hay el peligro de que la consecución de estas metas, especialmente en términos de disminución de la población o de la tasa de fertilidad, sea usada como una condición para la asistencia económica. La ayuda económica bilateral o unilateral para el avance de los pueblos jamás debe condicionarse a una disminución demostrada de la tasa de natalidad, o hacerla depender de la participación en los programa de la planificación familiar.

Las recomendaciones reconocen la disminución en todo el mundo de la mortalidad y proponen un número de medidas específicas para una ulterior reducción de la morbilidad y de la mortalidad. La dignidad de la persona y el valor de la vida humana exigen estrategias para mejorar la salud y para asegurar un despliegue más amplio de la vida. La Santa Sede está de acuerdo en que se sigan haciendo esfuerzos para controlar las enfermedades infecciosas y contagiosas para mejorar lo sistemas de nutrición y de cuidado de la salud y para asegurar mayor acceso, a adultos y a niños, tanto para el mantenimiento de la salud, como para sus cuidados primarios. De particular importancia son los programas para reducir la mortalidad maternal e infantil, y para asistir al desarrollo físico y psicosocial de los niños en sus primeros años.

La familia, basada en el matrimonio, es la unidad básica de la sociedad que el Estado debe proteger jurídicamente, mantener y nutrir. Al mismo tiempo, la familia es una comunidad de amor y solidaridad, la única equipada para transmitir los valores culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, esenciales para el desarrollo y bienestar de los propios miembros de la sociedad. Al status y al papel de la unidad familiar hay que darle el máximo reconocimiento y los Gobiernos deben establecer políticas sociales apropiadas que enfaticen los beneficios que resultan para la pareja individual y para la sociedad de la estabilidad en el matrimonio.

De hecho, no es posible tratar seriamente del problema de la población, o indicar propuestas válidas para una solución a los problemas que incluye, si se prescinde de la institución de la familia. Las Recomendaciones mencionan el papel irreemplazable de la familia a la que el Plan de acción para la población mundial reconoce como “la unidad básica de la sociedad”, y se refieren a otras importantes funciones de la familia. Desafortunadamente, esta afirmación de principios no ha sido tomada de forma consistente y en detalle por las Recomendaciones. De hecho, en algunos puntos la afirmación de un principio es más tarde negada o contradicha. El concepto fundamental que subyace en el texto está en realidad marcado por un notable individualismo. La noción profunda de la planificación familiar se falsifica cuando se usa y se aplica no sólo a las parejas recién casadas, sino también a los individuos y aun a los adolescentes solteros.

En este contexto la Santa Sede llama la atención sobre la redacción de las Recomendaciones respecto a las decisiones responsables relativas a espaciar y limitar los nacimientos. Antes de la Conferencia de Bucarest, la decisión se había reconocido como prerrogativa de las parejas casadas en el ejercicio de su paternidad responsable. El Plan de acción para la población mundial habla de “individuos y parejas”, por tanto, da carácter oficial a un punto de vista que acepta la intimidad sexual y la paternidad como algo legítimo para individuos no casados. Actuando así, disminuye la posición especial y exclusiva que pertenece al matrimonio y a la familia. Más aún, hasta cierto punto, la incidencia creciente de la actividad sexual extra matrimonial y el embarazo fuera del matrimonio durante la última década, especialmente en los países desarrollados, se puede atribuir a la ausencia de principios éticos universalmente reconocidos que dan exclusividad al matrimonio como el único lugar en donde tanto la intimidad sexual como la paternidad se llevan responsablemente a cabo.

La Delegación de la Santa Sede invita a la Conferencia a reflexionar sobre las consecuencias de este grave atentado a la institución familiar. Los programas de desarrollo que contribuyan de cualquier manera a debilitar la institución familiar o que violen los derechos inalienables de la familia, no conducirán al desarrollo humano auténtico sino más bien a un debilitamiento del tejido social y cultural, y a la alienación de la persona en una de las principales dimensiones de su humanidad. Algunas sociedades ya están enfrentándose con los perniciosos efectos de este debilitamiento de la familia con las serias consecuencias que conllevan para las parejas casadas, especialmente para las mujeres y los niños.

A la luz de esta situación, la Santa Sede ha publicado y difundido recientemente una Carta de los Derechos de la Familia, con la intención de reafirmar los derechos esenciales de la institución de la familia.

En particular es un deber preciso de los Gobiernos crear condiciones que capaciten a las parejas para ejercer responsablemente su derecho fundamental de formar familia, de engendrar y alimentar a sus hijos, sin coerción o presión para conformarse al modelo de la familia pequeña o limitar su capacidad de engendrar a uno o dos hijos por familia. Es un derecho de la pareja casada tomar en común una decisión libre y consciente, de acuerdo con los principios morales objetivos, en orden a espaciar los nacimientos y el número de hijos. Esta decisión ha de basarse en el conocimiento de sus responsabilidades con Dios, consigo mismos, con sus hijos, con su familia y con la sociedad. Al llevar a cabo estas decisiones, las parejas han de poder contar con esos métodos moralmente lícitos de planificación familiar que están de acuerdo con la dignidad de la persona y con la expresión auténtica del amor conyugal. Es función de los Gobiernos y de las Organizaciones internacionales asistir a las parejas casadas creando un orden socio-económico que conduzca a la vida familiar, a engendrar y alimentar a los hijos, e informando cuidadosamente sobre la situación demográfica, de manera que las parejas puedan asumir adecuadamente sus deberes y responsabilidades. Las parejas deben ser protegidas de toda forma de coerción, como por ejemplo la pérdida de los beneficios de salud o asistencia educacional para las madres y los hijos, beneficios fiscales o imposición de penas por tener mayor número de hijos. Deben ser también protegidas de ciertas presiones sutiles que resultar de la propaganda de campañas contra la natalidad o de las cuotas asignadas al personal que trabaja en la planificación familiar de nuevas parejas que hayan aceptado la limitación de la natalidad. La libertad de las parejas pobres se limita con frecuencia si se les ofrece incentivos que atraen, a corto plazo, pero que a la larga son peligrosos para la estabilidad familiar y para la unidad conyugal.

La Santa Sede expresa también su oposición, por principios fundamentales de moral, al aborto, a la esterilización y a la contracepción.

Entre todos los derechos humanos, el más fundamental es el del derecho a la vida misma: la vida humana debe ser respetada y protegida desde al momento de la concepción, y el aborto, que es la destrucción de una vida humana dentro de sus primeras etapas de desarrollo, no se debe permitir ni como una estrategia demográfica, ni como una manera de tratar con problemas relativos al embarazo. La práctica del aborto de hecho no se ha frenado por la introducción y distribución masiva de anticonceptivos. En efecto, el aborto constituye hoy un problema de tal gravedad para la conciencia de los hombres, que la sociedad no debe ni ignorarlo ni ocultarlo. El problema no debe dejar indiferente a esta Conferencia. A pesar de las afirmaciones en contrario, y con frecuencia contrariamente a las explícitas formulaciones de la legislación nacional, el aborto se usa más y más como una parte integral de los programas de planificación familiar, más aún, financiado por Gobiernos y Organizaciones internacionales. La Santa Sede hace un llamamiento a todos los Gobiernos y a todas las Organizaciones internacionales para que sostengan clara y explícitamente el valor, la inviolabilidad y la dignidad de la vida humana desde el momento de la concepción y, por tanto, para que prohíban y excluyan el aborto —no sólo en teoría sino también en los hechos— como elemento integrante de la planificación familiar.

La esterilización y la contracepción han de considerarse también como moralmente ilícitas porque, con su uso, la unión natural entre intimidad y procreación se viola, y es esta conexión natural la que da el significado a la sexualidad humana como una expresión única y exclusiva del amor conyugal. El Plan de acción y las Recomendaciones presentadas a esta Conferencia no hacen referencia explícita a la esterilización, que, en estos 10 años a partir de Bucarest, se ha ido usando más y más en los programas de planificación familiar en muchas naciones. La Santa Sede se ha opuesto constantemente a la práctica de la esterilización, porque tiene como finalidad destruir una de las más grandes prerrogativas de la persona, la capacidad de procrear, y porque se usa muy fácilmente como una medida demográfica, violando los derechos humanos, especialmente entre los pobres e ignorantes. La Santa Sede urge a esta Conferencia a que encuentre medidas seguras que protejan a todos, y especialmente a las mujeres —que son las más vulnerables— de cualquier presión o coerción para que se sometan a la esterilización.

Es bien conocido que la Iglesia católica siempre se ha opuesto a la contracepción calificándola de moralmente ilícita. Esta posición no ha cambiado, sino que ha sido reafirmada con nuevo vigor.

La Santa Sede apoya las propuestas en las Recomendaciones que ofrecen acceso a la planificación natural de la familia y que sugieran que los Gobiernos deben en este campo dar asistencia concreta a las parejas, que respetan los valores religiosos y culturales, al tomar sus decisiones responsables en orden a distanciar los nacimientos. Recientes estudios científicos subrayan la validez y viabilidad de los métodos naturales más nuevos, y las técnicas pedagógicas han sido desarrolladas de manera que se pueden poner en práctica y armonizar correctamente con las diversas culturas. Las mujeres adquieren una mejor comprensión y aprecio de su sexualidad a raíz de su instrucción sobre los métodos naturales, y las parejas que se comprometen en la planificación natural de su familia, fortalecen su comunicación su respeto mutuo y comparten su responsabilidad con relación a la paternidad.

En cuanto a la conciencia, como también en cuanto al valor de estos métodos naturales para favorecer la estabilidad matrimonial, se requiere acceso a la instrucción, como se requiere también para el uso adecuado de dichos métodos. Es muy útil la investigación continua para entender mejor el ciclo de la fertilidad femenina.

En lo que respecta a la vida familiar y a la educación sexual, la Santa Sede llama la atención sobre el derecho de los padres a comunicar valores y establecer reglas de conducta para sus hijos en el contexto de principios éticos y en el compromiso de la vida familiar. Los programas educacionales, ya sea en las escuelas o bajo los auspicios de agencias voluntarias, deben respetar los derechos paternos y deben realizarlos sólo bajo la supervisión y con la participación de los padres. La educación en la paternidad responsable y el impartir información sobre la planificación familiar a los hijos, es también primariamente un derecho y responsabilidad paternos. Dar esta información y estos servicios en escuelas o mediante otras agencias, generalmente cae en el defecto de no comunicar valores y normas éticas, y con frecuencia avala una conducta sexual en conflicto con los principios y valores establecidos por los padres. Estos programas no deben ser establecidos o recomendados por Gobiernos o autoridades públicas.

La Santa Sede ha luchado siempre por una promoción adecuada, social y personal, de la mujer, para garantizar su dignidad de mujer y para proveer al desarrollo humano genuino de las futuras generaciones. Al apoyar programas cuya finalidad sea la promoción de la mujer, en todas las áreas de su vida, es importante recordar que esta promoción no se identifica exclusivamente con su trabajo fuera del hogar. Hay que dar un reconocimiento adecuado a la maternidad y al trabajo de las madres en el hogar por su valor para la mujer misma, para la familia y para la sociedad, no solamente a nivel material, sino también en otros sectores, particularmente en el campo de la educación.

Hay que dotar a las madres de todo lo necesario en materia de protección social y asistencia durante su embarazo y por un tiempo razonable después del parto, de manera que puedan estar con sus hijos durante este período vital para su desarrollo. La educación de la mujer, y particularmente de las madres, es uno de los determinantes críticos de la salud, bienestar y desarrollo de los niños. Las madres deben recibir la formación necesaria, de tal manera que puedan llevar a cabo sus funciones en las áreas de la educación, alimentación y cuidado primario de la salud, con competencia y satisfacción. Las políticas deben dirigirse a reducir el trabajo pesado que las mujeres tienen que desempeñar en algunas sociedades, tanto desarrolladas como en vías de desarrollo, y los programas de educación para los padres, los que deben conducir a asumir plenamente su papel de colaboración efectiva en la familia y en los deberes y responsabilidades paternos.

La Santa Sede reconoce las dificultades implicadas en los modelos de migración nacional e internacional, y urge para que sean reconocidos los derechos humanos de los migrantes y refugiados, así como de sus familias, y para que sean también adecuadamente protegidos. Los migrantes y sus familias tienen el derecho de ser respetados por su propia cultura y recibir ayuda y apoyo para que libremente se integren a la comunidad y contribuyan a ella. En particular los emigrantes trabajadores tienen el derecho de ver a sus familias unidas con ellos tan pronto como sea posible.

En el área de migración interna se originan problemas especiales por el éxodo de las áreas rurales y de las actividades agrícolas hacia las grandes ciudades, con el consiguiente incremento de los problemas sociales asociados con la rápida urbanización y frecuentemente con el decremento de la agricultura, con efectos negativos en cuanto al suministro de alimentos y el crecimiento económica. La Santa Sede apoya las sugerencias que, a la vez que respetan los derechos de la libertad de movimiento, promueven el desarrollo regional y rural y proveen de incentivos adecuados para quienes se ocupan de la agricultura.

La Santa Sede apoya las Recomendaciones acerca del respeto y reconocimiento del lugar y la función propia de las personas de edad en el desarrollo de la sociedad. Ello obliga a que las políticas orientadas a asegurar la salud, el bienestar y la seguridad de las personas de edad no deben limitarse sólo a la asistencia económica y técnica. Debe estimular a todos a descubrir y apreciar el papel de las personas de edad como protagonistas en la comunidad social en la que deben ser consideradas como su parte integral y como agentes de su desarrollo. Su ayuda a las familias más jóvenes y a otros miembros de su familia, y su aportación voluntaria de tiempo, competencia especial y energía personal, en muchos campos e intereses de la comunidad, son de un valor especial para toda la sociedad.

Estas referencias a los problemas de sectores específicos de la población centran de nuevo nuestra atención sobre el hecho de que, cuando tratamos de estimaciones y tendencias en el campo de la población, estamos tratando en primer lugar con gente. La información demográfica es importante, porque nos informa acerca de eventos y tendencias que afectan a la vida y a la seguridad futura de la gente que vive ahora y de las generaciones futuras, y porque ilumina el significado de los factores demográficos en la búsqueda de un futuro mejor en libertad y dignidad para todas las personas. Es una cosa demasiado simple e irreal identificar políticas de población con control de población: en el centro de las políticas de población está el bien, la salud y el bienestar de la persona humana que debe considerarse siempre como un participante activo en la vida de la sociedad, como un bien precioso que ha de ser apreciado, y no como un mero objeto de políticas gubernamentales.

*L'Osservatore Romano. Edición semanal en lengua española n°36 p.9, 10.