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CARTA DEL CARDENAL SECRETARIO DE ESTATO,
Eminentísimo Señor El Padre Santo ha sabido con gran interés que la sección francesa de las Semanas Sociales del Canadá había escogido por tema de su XXXVII sesión “La educación, problema social”. En efecto, la educación constituye un problema social de capital importancia. Si todos los países han comprendido bien, durante las épocas precedentes, hasta qué punto estaban interesados en la instrucción y educación de las jóvenes generaciones, el mundo contemporáneo comprueba con evidencia que la grandeza y prosperidad de un pueblo están vinculadas, en gran parte, al número de sus hijos que han recibido una educación y a la calidad de ésta. Canadá, por su parte, es consciente de ese hecho y de él saca las conclusiones. La comunidad de habla francesa, en particular, está orgullosa, con razón, de las instituciones docentes que ha sabido fundar y hacer progresar en un espirito cristiano. Hoy quiere continuar este generoso esfuerzo y perfeccionar su sistema educativo, adaptándolo a las circunstancias y a las nuevas condiciones, Obra educadora de los católicos El Padre Santo alienta de corazón estas disposiciones y me ha confiado el agradable deber de interpretar ante los católicos canadienses sus felicitaciones por la hermosa obra educadora del pasado y sus votos paternales por la feliz promoción de las iniciativas exigidas por las necesidades de la hora presente. No duda que estas serán tomadas por personas muy al corriente de los diversos aspectos de la situación actual en perfecto acuerdo con la jerarquía y conforme a los principios constantemente profesados por la Iglesia en materia de educación. Estas normas estarán muy presentes en los congresistas de Montreal tal y como fueron definidas magistralmente por el Papa Pío XI en la encíclica Divini illius Magistri y hace poco recordadas por Su Santidad Juan XXIII en un mensaje que conmemoraba el XXX aniversario de este documento pontificio. “Afirmamos sin vacilar —decía el Papa— que este documento no ha perdido nada de su verdad. Hoy como ayer la Iglesia afirma abiertamente que sus derechos y los de la familia en este terreno son anteriores a los del Estado; hoy como ayer afirma su derecho propio a tener escuelas en las que maestros de sólidas convicciones inculquen una concepción cristiana de la vida, en las que se comunique toda enseñanza a la luz de la fe” (Mensaje a la Oficina Internacional de la Enseñanza Católica, 30 de diciembre de 1959; AAS, LII, pág. 58). Los derechos de la familia y de la Iglesia Inspirándose, pues, en esta encíclica los católicos reafirmarán que la obra de la educación está íntimamente ligada al fin último del hombre y, por consiguiente, compromete los más altos valores del individuo y de la sociedad. Tendrán siempre presente que los derechos de la familia y de la Iglesia en materia de educación son primordialísimos y anteriores a los del Estado. Estos derechos se confieren sobre todo a aquellos que transmiten al niño la vida humana y la vida sobrenatural. Por este motivo la Iglesia y la familia deben considerarse como los principales agentes de la educación. Al no poder ostentar un título de paternidad como ocurre con la familia y la Iglesia, el Estado no goza de los mismos derechos. Su autoridad proviene de haber recibido de Dios el encargo de promover el bien común. Responsable de la justicia distributiva, el Estado debe proteger y favorecer la acción educadora de las familias y de la Iglesia. Sin suplantar las iniciativas privadas de los educadores pertenece al Estado coordinar los esfuerzos de los diversos cuerpos sociales, completarlos allí donde resulten insuficientes. De este modo suple las deficiencias y desigualdades que podrían darse entre las regiones, grupos, sectores menos favorecidos. “Lo hará incluso mediante escuelas e instituciones de su competencia”, pues —añade Pío XI— “el Estado más que nadie dispone de recursos puestos a su disposición para subvenir a las necesidades de todos y es justo que los emplee en provecho de los mismos de quienes proceden” (Encíclica Divini illius Magistri, AAS, XXII, pág. 63). Asimismo le compete —y no es ésta la menor de sus tareas— regular los múltiples esfuerzos y encaminarlos al bien presente y futuro de la sociedad, cuyo bien común debe asegurar. Sin embargo, todas las iniciativas escolares del Estado, incluso las que son de su propia competencia, tienen que respetar los legítimos derechos de los padres y de la Iglesia. Por eso una concepción justa de la educación supone una estrecha y armoniosa colaboración entre la sociedad civil, las familias y la Iglesia. Efectivamente, no se podrían discutir lo derechos de una y otra de esas instituciones sin un gravísimo detrimento para las personas como para la sociedad. Por tanto, los católicos no pueden aprobar que en nombre de una aparente eficacia se ponga incondicionalmente todas las tareas educadoras en manos únicamente del Estado. Eso sería, evidentemente, un monopolio contrario a los derechos innatos de las familias y de la Iglesia. Promover instituciones culturales Por esto, el principal esfuerzo de los católicos estaría en promover allí donde sea posible instituciones que aseguren el progreso de la cultura cristiana. Es de desear que se multipliquen actualmente el número de los cristianos, seglares, religiosos o sacerdotes, totalmente consagrados al ideal sublime de formar las nuevas generaciones. Únicamente hombres y mujeres profundamente cristianos y convencidos de la grandeza de su vocación estarán en condiciones de corresponder, como conviene, a las exigencias tan complejas y delicadas de una educación armoniosa y completa. Este carácter equilibrado e integro de la educación es como la señal distintiva de la formación auténticamente cristiana. La Iglesia, constituida por su divino Fundador Madre y Educadora, se ha preocupado siempre de esto y por ello engloba con especial solicitud a los padres y educadores que se consagran a la formación de la juventud. Y prodiga la misma estima a las personas y organismos que se dedican a la educación de los adultos. Los católicos tienen ante sí un inmerso campo donde pueden desplegar provechosamente su celo y actividad. Con todo, esta acción debe llevarse a cabo conforme a la doctrina de la Iglesia y teniendo en cuenta, sobre todo, la situación del país. Si las directrices de la Iglesia en materia de enseñanza dan las principales orientaciones, es evidente que pertenece a la jerarquía local determinar las aplicaciones concretas y tomar las decisiones que sugieren las circunstancias. Los obispos canadienses, conscientes de sus responsabilidades, tienen empeño en asumirlas plenamente con miras a una mejor adaptación a las presentes circunstancias de su país. En cuanto a los congresistas de Montreal, el Padre Santo no duda en que sabrán trabajar con fruto bajo la sabia dirección de su eminencia para sacar conclusiones que unan a una gran sumisión a los hechos una perfecta exactitud doctrinal y obediencia filial a la Iglesia. Con esta confianza invoca de corazón abundantes gracias sobre los semanistas, en prenda de las cuales les envía de todo corazón, así como a su eminencia, una paternalísima bendición apostólica. Reciba, eminentísimo señor, la expresión de mis sentimientos de veneración con que, al besar sus manos, tengo el honor de reiterarme de su eminencia reverendísima humilde, devoto y obediente servidor en Nuestro Señor, A. G. Card Cicognani
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