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INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA
SANTA SEDE 19 de septiembre de 2001
Señor Presidente: Permítame, antes que nada, felicitar al Dr. Francisco Aguirre Sacasa y a los otros miembros de la mesa por su elección para presidir esta III Reunión de Estados Parte de la "Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción". Mi delegación desea asimismo expresar el más vivo agradecimiento al Gobierno de Nicaragua por su generosa hospitalidad y su valiente decisión de mantener la celebración de esta Conferencia en la fecha prevista. La ausencia de algunas delegaciones y la reducida composición de otras nos remite inevitablemente a los trágicos eventos que la pasada semana han trastornado no sólo la vida de una nación, sino la de casi el mundo entero. Los históricos acontecimientos de 1989 en Europa, con sus repercusiones en el ámbito mundial, y el inicio del tercer milenio de la era cristiana, parecían anunciar un largo período de tranquilidad y de paz para todos los pueblos. Sin embargo, precisamente en estos días, comienzan a soplar nuevos vientos de desestabilización. La Delegación de la Santa Sede, mientras renueva su más sentido pésame al Gobierno y a todos los ciudadanos de los Estados Unidos por los irracionales ataques terroristas que causaron miles de víctimas e innumerables heridos, se permite hacerse eco de la imploración del Sumo Pontífice para que esos hechos, aunque de "tan salvaje crueldad", no originen "una espiral de odio y de violencia", desde la firme convicción de que ni el uno ni la otra tienen la última palabra. Señor Presidente: Como es sabido, las dos primeras Reuniones de los Estados Parte de la Convención de Ottawa han puesto de manifiesto luces y sombras. Entre las primeras, merece ser mencionada la tendencia a disminuir la producción, la comercialización y la utilización de las minas antipersonales. Entre las sombras se señalan: a) la carencia de recursos financieros frente a los ingentes costes debidos a las actividades relacionadas con los objetivos de la Convención; b) los límites de la misma Convención, la cual no prevé medidas de verificación ni un sistema de sanciones; c) los peligros derivados de otros tipos de minas, que no han sido tomados en consideración por la Convención (las minas antivehículos que estén provistas de un dispositivo antimanipulación y que pueden tener los mismos efectos dramáticos que las minas antipersonales); d) la posibilidad de fabricar nuevos artilugios sustitutivos de las minas antipersonales. Por esto, es de desear que esta Tercera Reunión contribuya a
disipar todas las sombras y a difundir las luces hasta alcanzar el pleno día.
En concreto, que sea una buena ocasión para que la Comunidad Internacional, y
en particular los Estados Parte de la Convención, renueven su voluntad de: - prestar mayor asistencia "para el cuidado y rehabilitación" de las víctimas "y su integración social y económica"; - favorecer el regreso de las personas "desplazadas" a sus lugares de procedencia y de trabajo; - restituir las tierras desminadas a su destino natural o productivo, agrícola o industrial, para la realización de proyectos de desarrollo económico y social, en favor de las familias y las comunidades que habitan en ellas; - renunciar, de una vez para siempre, a la producción, al comercio y al uso de estos instrumentos de muerte que golpean sin hacer distinción de personas. La Santa Sede - que fue entre los primeros en ratificar la Convención - está más convencida que nunca de que ésta constituye un elemento importante del derecho humanitario, en la medida en que las minas antipersonales son fríos y ciegos instrumentos ideados, construidos y usados para herir o matar a una o más personas. Más aún, la Convención señala a toda la Comunidad Internacional una meta, "que representa una victoria de la cultura de la vida sobre la cultura de la muerte" (Juan Pablo II, Angelus 28/2/1999). Se ha avanzado bastante en el camino, pero todavía queda mucho por recorrer. Ha llegado la hora de tomar conciencia de que, en un mundo fuertemente interdependiente o globalizado, no puede haber seguridad para algunos sin la seguridad para todos. Esta seguridad no se puede basar sobre el poder de la tecnología ni está garantizada por un uso egoísta de ella - como la experiencia nos enseña tristemente- sino con el fortalecimiento y la promoción de los valores éticos fundamentales, aceptados por todos y válidos en todas partes. La seguridad, como la paz, debe fundamentarse en la verdad, la justicia, la libertad y la solidaridad. La libertad debe ser sin fronteras y sin distinción de lengua, raza o pueblo. La libertad, como la persona humana, es única e indivisible. Como ha señalado Su Santidad el Papa Juan Pablo II, la justicia es el otro nombre de la paz. La ayuda dada por los países donantes para destruir las minas antipersonales o para la rehabilitación de las victimas es una expresión concreta de la solidaridad que está en la base de las armoniosas y pacíficas relaciones entre los pueblos. En este sentido, es encomiable y precisa ser apoyada toda iniciativa orientada a garantizar los fondos necesarios para tal fin. Los objetivos de la Convención no se alcanzarán plenamente hasta que no sean acogidos y observados por todos los Estados. Por esta razón, la Santa Sede se asocia al reiterado auspicio, formulado por muchos de los aquí presentes, de que los Estados, que todavía no se han adherido a este importante instrumento del derecho internacional humanitario, lo hagan cuanto antes. Es evidente que el día en el que todos los Estados se hayan adherido y cumplan efectivamente sus compromisos, nadie tendrá ya que temer las asechanzas de destrucción y muerte que suponen las minas. Una vez reconquistada la confianza mutua, todos juntos podremos construir un mundo mejor, más seguro y próspero para toda la familia de las Naciones. Muchas gracias. *L’Osservatore Romano, 24-25.9.2001 p.2.
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