Exc.mo Señor

Su Santidad el Papa Juan Pablo II quiere hacer llegar una vez más, por mi intermedio, su atento saludo a Ud., Señor Presidente de esta honorable Asamblea, a los Exc.mos Ministros de Relaciones Exteriores de las Naciones Americanas y del Caribe, al Exc.mo Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Señor César Gaviria, y a los Representantes de los Países Observadores.

La abundante agenda sometida a los Estados miembros en cada una de las Asambleas anuales, es, por sí misma, una evidente demostración de la importancia de la OEA como instrumento multilateral para la promoción de la concordia y fraternidad continental, el afianzamiento de la democracia, el respeto de la persona, la armonización legislativa, y la cooperación cultural. La Santa Sede ha seguido siempre con gran interés, entre otras cosas, el desarrollo del conjunto de convenciones y resoluciones sobre el desarme, la seguridad común y el fomento de la confianza recíproca, y sobre todo, la construcción de un comprensivo marco jurídico interamericano de derechos humanos.

Entre los diversos trabajos en curso sobre los que se informará en la 32ª sesión de la Asamblea General, merecen una especial atención de la Santa Sede los informes del Consejo Permanente sobre los Derechos humanos de los trabajadores migrantes y de sus familias, y sobre la factibilidad del Proyecto de Convención interamericana contra el racismo y contra todas las formas de discrimación e intolerancia.

El actual proceso de globalización, las diferencias de desarrollo entre los Países de la región, los conflictos civiles, los desastres naturales y las graves crisis económicas por las que atraviesan algunos Estados americanos, provocan movimientos de personas de magnitudes siempre crecientes. Como reacción al fenómeno, en los Países o regiones que reciben el flujo migratorio, puede facilmente sugir la tentación de la intolerancia y la discriminación social de las minorías, del abuso de los sectores más débiles y de la defensa desproporcionada del bienestar adquirido, el empleo y otros beneficios sociales.

En este sentido no se debe perder de vista que cualquier aproximación a este problema debe partir de la noción de bien común universal, que abarca toda la familia humana, superando cualquier egoísmo nacionalista. Tal noción encuentra su fundamento en la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos fundamentales , que son consecuencia de la dignidad de la persona humana, y que han sido adecuadamente recogidos también por la Convención americana de derechos humanos.

Todos los hombres y mujeres de la región, deben poder gozar de un justo derecho a emigrar, que comprende el derecho a vivir dignamente con la propia familia, a conservar y desarrollar el propio patrimonio cultural, incluído el patrimonio religioso, y a ser y tratado, en toda circunstancia, conforme a la propia dignidad de ser humano. Los límites de la obligación ética de acoger a los inmigrantes no pueden estar determinados solamente por la mera defensa del propio bienestar.

Los problemas de las migraciones y de la protección de las minorías deberían ser considerados en el contexto de toda la política interamericana. En ese marco, la Santa Sede no puede dejar de recordar la necesidad de una efectiva solidaridad intercontinental, entre los gobiernos y entre los pueblos de América, que procure ofrecer con generosidad los medios materiales para resolver los grandes problemas que aquejan a vastas áreas del continente. Una tal solidaridad supondrá necesariamente mayores sacrificios por parte de los Estados y los grupos sociales más aventajados, dejando de lado intereses sectoriales de corto plazo, tanto para recibir al hermano que llega buscando mejores condiciones de vida, como para facilitar su permanencia en las regiones de origen.

Las consecuencias no deseadas de los desplazamientos masivos de población podrán ser atenuadas con un esfuerzo continental para la creación de puestos de trabajo en los Estados y áreas geográficas más pobres, que sean dignos, abundantes y estables. En tal sentido, el menor condicionamiento posible de la ayuda financiera y la amplia apertura de los mercados desarrollados en favor de la producción de los países más pobres, son un complemento indispensable de la normativa sobre el fenómeno migratorio.

La Santa Sede, se siente honrada y complacida de poder participar nuevamente a la Asamblea General de la Organización, y pide a Dios Omnipotente que ilumine y guie a los responsables políticos del continente para que se puedan empeñar siempre más en la consecución del bien común.

Junto a este saludo a los delegados americanos y caribeños y a los pueblos que representan, en nombre del Santo Padre y en nombre propio, saludo también con especial afecto al pueblo de Barbados, que acoje esta 32ª Asamblea, y a su Primer Ministro, el Excelentísimo Señor Owen Seymour Arthur, M.P.

Reciba, Señor Ministro, las seguridades de mi alta y distinguida consideración.

Card. Angelo Sodano
Secretario de Estado de Su Santidad