La lucha contra la intolerancia y la discriminación contra los cristianos
y los miembros de las otras religiones:
el respeto de la identidad religiosa en una sociedad pluralista

Señora Moderadora:

1. Después del Consejo Ministerial de Sofía, la Santa Sede ha sentido más apremiantemente aún la exigencia de examinar con atención y serena objetividad la naturaleza y la tipología de las discriminaciones y la intolerancia contra los cristianos y contra los miembros de las otras religiones. Por lo demás, eso concuerda con la trayectoria tradicional y el reconocido empeño en la OSCE de dar voz también a los fieles de las otras confesiones religiosas.

Se ha notado que las problemáticas debatidas en la presente sesión no conciernen solamente a los cristianos individualmente, sino también a las confesiones religiosas en cuánto tales; no perjudican sólo a los grupos religiosos minoritarios, sino también a los que son mayoría. Resulta simplista imputar sistemáticamente a las religiones de mayoría la falta o escasa tutela de las otras comunidades religiosas por parte de las autoridades estatales.

Se ha subrayado también que cuanto amenaza a las identidades religiosas existe tanto al este como al oeste de Viena, si bien con modalidades diferentes y tonalidades más o menos intensas, según los lugares, los tiempos y las circunstancias.

2. A pesar de los compromisos adoptados por los Estados miembros de la OSCE en el campo de la libertad religiosa, en algunos Países subsisten normativas, decisiones o comportamientos –de acción u omisión– que niegan dicha libertad y son de carácter intolerante, e incluso discriminatorio, respecto a las Iglesias y comunidades cristianas, a las otras comunidades religiosas, así como a sus fieles. Persisten restricciones indebidas al reconocimiento legal de tales Iglesias y comunidades, a la importación y la difusión de su material religioso. Se dan largas a ciertos retrasos de manera injustificada, y hasta se rechaza abiertamente la devolución de las propiedades que les habían sido confiscadas o destinadas a sujetos distintos de sus legítimos propietarios. Se producen injerencias en su autonomía organizativa, obstaculizando así su coherencia con las propias convicciones morales. Se detectan algunas presiones que contrastan con la libertad de los funcionarios de la administración pública de actuar de acuerdo con el dictamen de la propia conciencia.

Sucede en ocasiones que, en presencia de una religión mayoritaria, las Autoridades civiles no reconozcan la personalidad jurídica de las Iglesias o comunidades minoritarias, y que su propia vida interna sea objeto de limitaciones: en la formación del clero, en la adquisición de propiedades, etc.

A veces hay carencias en la educación cívica al respeto de la identidad y los principios cristianos y de las otras religiones, y se detectan resistencias a reconocer el papel público de la religión. Y, sin embargo, el compromiso tradicional de la OSCE en favor de la libertad religiosa nace precisamente de una clara toma de conciencia de que dicha libertad caracteriza una dimensión fundamental del hombre y no concierne sólo a su vida privada. Lo recordó también el Papa Juan Pablo II a comienzos de 2004, dirigiéndose al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede. En efecto, en aquella ocasión el Pontífice hacía notar que aunque todos están de acuerdo en respetar el sentimiento religioso de las personas, no se puede decir lo mismo [...] de la dimensión social de las religiones, olvidando en esto los compromisos asumidos en el marco de la que entonces se llamaba la "Conferencia sobre la Cooperación y la Seguridad en Europa".

Señora Moderadora:

3. Es notorio que el cristianismo representa la religión mayoritaria en muchos Países miembros de la OSCE; más aún, es un elemento que caracteriza la historia y marca la identidad, la cultura, la vida social y las instituciones de sus Pueblos. La contribución específica aportada por los cristianos a la construcción y buen funcionamiento de nuestros sistemas democráticos es, pues, un valor añadido para la sociedad, de tal modo que valorizarlo es una garantía y la expresión de un correcto pluralismo. La distinción entre poder espiritual y civil, en efecto, no comporta alejamiento, indiferencia o incomunicabilidad, sino diálogo y confrontación al servicio del auténtico bien de la persona humana. Laicidad no es laicismo, subrayó el Papa Juan Pablo II en el mencionado discurso. Añadió, además, que el Estado laico asegura el libre ejercicio de las actividades del culto, espirituales, culturales y caritativas de las comunidades de creyentes. En una sociedad pluralista, la laicidad es un lugar de comunicación entre las diversas tradiciones espirituales y la nación.

Por este motivo, si las comunidades religiosas manifiestan reservas o proponen alternativas respecto a decisiones legislativas o disposiciones administrativas, no debe ser considerado ipso facto como una forma de intolerancia, a menos que dichas comunidades, en vez de proponer, quieran imponer sus propias convicciones y ejercer presiones sobre la conciencia de los demás. Desde el lado opuesto, sería intolerante tratar de impedir que tales comunidades se expresen del modo indicado, o denigrarlas por el simple hecho de no compartir las decisiones que son contrarias a la dignidad humana.

El relativismo ético –que no reconoce nada como definitivo– no puede ser considerado como una condición de la democracia, como si fuera lo único que garantiza la tolerancia, el respeto recíproco entre las personas y la adhesión a las decisiones de la mayoría. Una sana democracia promueve la dignidad de cada persona humana y el respeto de sus derechos intangible e inalienables. Sin una base moral objetiva, ni siquiera la democracia puede asegurar una paz estable (cfr. Evangelium Vitae, n.70).

4. Tampoco faltan en los medios de comunicación actitudes intolerantes y en ocasiones incluso denigratorias respecto a los cristianos y los miembros de las otras religiones. El pluralismo efectivo en los medios de comunicación requiere una información correcta sobre los hechos religiosos, la garantía de que también las comunidades religiosas tengan acceso a ellos y que en dichos medios se prescinda de los hate-speeches sobre los cristianos y los miembros de las otras religiones. En el pleno respeto de la libertad de expresión, se han de disponer mecanismos o instrumentos coherentes con el orden jurídico de cada País, que defiendan los mensajes de las comunidades religiosas de la manipulación y eviten la presentación irrespetuosa de sus miembros.

La Santa Sede desea, por tanto, que la Conferencia de Córdoba sea una ocasión propicia para que la OSCE se comprometa a establecer instrumentos y mecanismos eficaces para combatir y contrastar prejuicios y falsas representaciones de los cristianos y de los miembros de las otras religiones sobre los mass-media y en el ámbito de los procesos educativos, y anime la contribución concreta de las Iglesias y las comunidades religiosas a la vida pública de los Países, garantizándoles su identidad específica y reconociendo su aportación fundamental a la construcción de una sociedad al servicio de la persona humana.

Gracias, Señora Moderadora.

*PC.DEL/539/05.

L'Osservatore Romano 15.6.2005 p.2.