Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People

People on the Move - N° 91-92, April - August 2003, p. 383-394

Carta a los Gobiernos de Sudamérica*

Reunidos en Quito el 12 y 13 de Agosto de 2002, los Responsables Nacionales de la Pastoral de la Movilidad Humana y organizaciones de Iglesia de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, convocados por el SEPMOV, Secretariado de Pastoral de la Movilidad Humana, del CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, nos dedicamos a analizar la realidad migratoria y el accionar de la Iglesia ante los nuevos desafíos del fenómeno de la movilidad humana en la región.

La situación actual presenta características tales como el crecimiento de la pobreza, las desigualdades sociales, la violencia en las grandes ciudades y el recrudecimiento de los conflictos internos, el desempleo, los efectos negativos de la globalización de la economía, la implementación del ALCA, la falta de perspectivas laborales, que generan un importante incremento de la migración intrarregional y a otros países fuera de la región, principalmente hacia Estados Unidos y Europa.

Las leyes migratorias restrictivas y el endurecimiento de los controles fronterizos están generando el aumento de migrantes en condición irregular y el crecimiento y consolidación de organizaciones que se ocupan del tráfico de personas. Como Iglesia condenamos el tráfico de personas, consideramos injusto e inaceptable que se culpabilice a los migrantes como cómplices del delito y solicitamos acción rigurosa e inmediata en el combate al reclutamiento ilegal de mano de obra y el tráfico de seres humanos.

En algunos países de la región se constatan abusos y maltratos a los migrantes y sus familias en los lugares de llegada y especialmente en las zonas de frontera. Frente a estos hechos, la Iglesia, además de ofrecer su colaboración por el respeto de los derechos de los migrantes, recomienda y solicita la implementación de programas de capacitación de los funcionarios y la sanción de aquellos que incurran en abuso de autoridad y corrupción.

Acordes con los procesos de integración y el incremento de la interrelación entre los países de la región, consideramos necesaria la implementación de una política migratoria regional que contemple una mayor fluidez de los movimientos migratorios en la región y la protección de los derechos humanos y sociales de los migrantes y sus familias. Para ello, es fundamental la ratificación por parte de todos los países de Sudamérica de la “Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares” (ONU 1990).

Nos duele y preocupa la partida de familiares y seres queridos hacia otros países fuera de la región, explotados y en condiciones indignas e inhumanas, forzados por estructuras injustas y excluyentes. Sentimos la necesidad de aunar los esfuerzos entre los Estados y la Iglesia en el acompañamiento e implementación de acciones para humanizar los procesos migratorios y garantizar los derechos de nuestros connacionales residentes fuera de la región.

Varios de nuestros países han avanzado en la implementación del leyes sobre la protección a los solicitantes de asilo y a los refugiados. Recomendamos que se siga en el proceso de harmonización de las leyes en esta materia y que se adopten mecanismos y procedimientos justos y eficientes para el reconocimiento, protección e integración de los refugiados.

Ante el peligro de regionalización del conflicto colombiano, vemos urgente activar los mecanismos de la diplomacia para apoyar una solución negociada del conflicto, desechando la guerra como camino para la paz.

Deseamos que nuestros pueblos que tanto han sufrido, pero que aun tienen esperanza y son solidarios, puedan vivir hermanados, considerando sus valores y sus culturas más allá de todas las fronteras y prejuicios. Constatamos cada vez una mayor coincidencia entre las inspiraciones del evangelio y los anhelos de nuestros pueblos por construir un continente latinoamericano más justo y solidario, más unido y fraternal, donde ningún latinoamericano se sienta extranjero, sea cual sea el país donde elija vivir.

Quito, 13 de Agosto de 2002.

Declarción de Quito: 

Migraciones, democracia, desarrollo y derechos humanos

Representantes de los diversos sectores organizados de la Sociedad Civil de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile y Argentina, reunidos en Quito, Ecuador, durante los días 14 y 15 de Agosto del 2002, con ocasión del “Primer Encuentro Sudamericano de la Sociedad Civil sobre Migraciones”, en un marco en el que hemos profundizado en el análisis de la situación migratoria que atraviesan los países sudamericanos, acordamos emitir el siguiente pronunciamiento,

Considerando que:

1. Los migrantes, desplazados, refugiados, retornados y sus familiares, son seres humanos sujetos de derechos y partícipes en procesos de construcción de riqueza social, cultural y económica, de diversidad y democracia en los países de destino,

2. Persiste un complejo fenómeno de migraciones internacionales relacionadas con diversos modelos de desarrollo económico que han fracasado en asegurar el bienestar de las personas y han ahondado la inequidad social, la pobreza, desempleo, discriminación, violencia política, corrupción y otros fenómenos sociales relacionados; al mismo tiempo, nuevas iniciativas como el ALCA corren el riesgo de generar mayor empobrecimiento en nuestras sociedades y diferenciación de las clases sociales,

3. Los derechos humanos constituyen atributos indispensables para el ejercicio de la dignidad humana y han sido reconocidos y consagrados en diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados voluntariamente por los Estados, los mismos que de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, tienen un carácter primordial sobre cualquier otro compromiso asumido por los Estados del mundo. En este marco se incluyen los derechos de los migrantes, refugiados y desplazados, retornados y sus familiares consagrados en diversos instrumentos internacionales,

4. A pesar de los compromisos asumidos internacionalmente por los Estados constatamos la violación de los derechos humanos de los migrantes, la situación de irregularidad de miles de personas en diversos países, su criminalización, detención arbitraria y discriminación así como su exposición al maltrato, la xenofobia y el racismo que afectan de manera particular y/o diferencial a mujeres, niños, indígenas y pueblos afrodescendientes,

5. Esta situación está relacionada, así mismo, con la falta de voluntad de algunos gobiernos de la región para definir políticas, legislar y realizar prácticas respetuosas de los derechos de las poblaciones migrantes,

6. Se constata asimismo, la ausencia de mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil organizada, que hagan posible la construcción de políticas públicas compartidas y dirigidas a cautelar los derechos de los migrantes,

7. Existen, sin embargo, experiencias positivas de cooperación entre la sociedad civil y diversas instancias estatales que se han dado en algunos países de la región que deben ser valoradas,

8. En la Declaración Final de la II Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, los Estados de la región declararon :

"Primero: Reafirmar y comprometer la voluntad de los gobiernos para garantizar la defensa de los Derechos Humanos de los migrantes y sus familias, en el marco de las Convenciones y Acuerdos Internacionales vigentes en la materia. En vista de lo anterior, tomarán acciones para la promoción y protección de dichos derechos fundamentales y procurarán incorporar a la sociedad civil organizada y a las organizaciones internacionales especializadas en estas acciones.

Segundo: "Condenar el tráfico ilícito de migrantes desde, hacia, a través y dentro de la RegiónÂ… Para prevenir, combatir, sancionar el tráfico ilícito de migrantes y garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos de los migrantes y sus familias expresan la voluntad de promover la adopción de medidas legislativas necesarias para la tipificación del delitoÂ…

Tercero: Promover acciones conjuntas y de coordinación de políticas consulares para mejorar la atención de los migrantes sudamericanos fuera de la región.

Cuarto: Intensificar iniciativas en cada país para asegurar la integración plena y el ejercicio de los derechos de los migrantesÂ…" [1]

A pesar de ello, se advierten, lentos avances en el cumplimiento de estos compromisos,

9. La agudización del conflicto interno colombiano está provocando el desplazamiento forzado de personas hacia las fronteras y los países vecinos, así como la militarización de la región y, al mismo tiempo, se viene produciendo un endurecimiento de las políticas migratorias en el ámbito de los EE.UU y la Unión Europea, luego de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 y de los acuerdos adoptados en la Cumbre de Sevilla en junio de 2002,

10. Las políticas y leyes restrictivas de algunos países generan como consecuencia la situación de irregularidad de muchos migrantes y el aprovechamiento de grupos inescrupulosos que trafican con ellos, engañándolos y lucrando con sus vidas advirtiéndose que viene produciéndose una creciente feminización de los flujos migratorios en todas las regiones del mundo,

RESOLVEMOS: 

I. Constituirnos en espacio de diálogo, articulación y fortalecimiento de los sectores de la Sociedad Civil que representamos en América del Sur en materia de Migraciones, comprometiéndonos a fortalecer la defensa de los derechos de los migrantes, refugiados, desplazados y sus familias, denunciando las violaciones de sus derechos tanto en el ámbito nacional como internacional.

II. Instar a los Estados Sudamericanos, a la inmediata puesta en marcha de políticas públicas con planes y programas tendientes a la promoción y protección de los derechos de los migrantes, refugiados, desplazados, retornados y sus familiares, en particular en lo referente al respeto de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y al desarrollo contenidos en los instrumentos internacionales. [2]

III. Rechazar la creciente militarización de las fronteras, como producto de la implementación del Plan Colombia e Iniciativa Regional Andina, así como las acciones violatorias a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que causa la migración forzada de población; exigiendo al mismo tiempo la aplicación efectiva de los Tratados y Convenios Internacionales, especialmente la Declaración de Cartagena de 1984.

IV. Impulsar en nuestros países la creación de espacios amplios de la sociedad civil organizada, que junto a los gobiernos nacionales, trabajen Planes de Acción, destinados a acordar políticas comunes entre los países de América del Sur, relacionados con la regularización de los migrantes en los países desarrollados y dentro de la subregión, así como el combate a la discriminación, la exclusión social, el racismo, la xenofobia y el tráfico de personas.

V. Participar en articulación con los gobiernos nacionales, en la creación de un sistema de monitoreo permanente y estudios sobre la situación migratoria en los países desarrollados y en la subregión, a fin de establecer normas, políticas y programas destinados a la protección y promoción de sus derechos como personas.

VI. Apoyar y promover la convocatoria a una Conferencia sobre Desplazamiento, Migraciones y Refugio en la Región Andina propuesta por sectores de la Sociedad Civil Colombiana como un escenario de concertación de acciones humanitarias, promoción de los derechos humanos y paz en la región.

VII. Acordar con los gobiernos la participación efectiva de la Sociedad Civil organizada en las Conferencias Sudamericanas de Migración.

DEMANDAMOS: 

A los Estados Sudamericanos:

a. Respeto de los derechos fundamentales de todas las personas que residen en sus territorios, sean nacionales o extranjeros; residentes o transitorios; regulares o irregulares; migrantes detenidos y retenidos en estricto cumplimiento de los tratados, pactos, convenios y protocolos internacionales, multinacionales y binacionales, suscritos en materia de Derechos Humanos.

b. Cumplimiento del Plan de Acción de Durban, firmado en el marco de la Primera Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Xenofobia y otras formas de Intolerancia Relacionadas, firmada en agosto del 2001.

c. Suscribir, ratificar e integrar en su legislación interna los Tratados Internacionales destinados a la protección de los extranjeros, migrantes, refugiados, desplazados, retornados y sus familiares, en especial la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

d. Integrar el fenómeno de la migración en los acuerdos de integración regional y subregional, y sus correspondientes planes de desarrollo.

e. Garantizar el derecho a la migración intraregional en los países de América del Sur, permitiendo el libre tránsito y circulación de los migrantes y sus familiares, la libertad de elegir libremente su domicilio y la obtención de documentos de identificación en concordancia a las legislaciones nacionales y los acuerdos subregionales de la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR.

f. Acordar formalmente Convenios Marco relativos a la regulación y ordenamiento de los flujos migratorios, desde y entre los países de América del Sur, tanto con la Comunidad Europea, como con los Gobiernos de los Estados Unidos y Canadá.

g. Modernizar y fortalecer las representaciones diplomáticas y consulares de los países de América del Sur en función de una cabal atención a los derechos de sus nacionales en terceros países.

h. Crear un sistema de monitoreo permanente e implementar estudios sobre la situación migratoria en los países desarrollados y en la subregión a fin de establecer normas, políticas y programas destinados a la protección y promoción de sus derechos como personas.

i. Introducir modificaciones sustantivas en las políticas económicas y sociales que conduzcan a la responsabilización de los Estados respecto a sus obligaciones primordiales de respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de sus ciudadanos.

j. Introducir mecanismos de transparencia, contraloría y rendición de cuentas en relación con las políticas y programas públicos, relacionados con la problemática de la migración, con participación de la sociedad civil e instituciones como la Defensoría del Pueblo.

k. Implementación de Leyes que penalicen a las organizaciones ilegales dedicadas al tráfico de personas y no penalizar a sus víctimas que son los migrantes.

l. Introducción de leyes que asuman la reagrupación familiar inmediata de hijas e hijos con sus madres en pos de garantizar el derecho natural de crianza así como la introducción de la figura de refugio por violencia de género en el ordenamiento jurídico internacional.

m. Simplificar y abaratar el costo de los trámites de regularización del estatuto legal de los migrantes.

n. Implementar los compromisos asumidos por los Presidentes de la Comunidad Andina, reunidos en el Consejo Presidencial Andino" en la "Carta Andina para la Promoción de los Derechos Humanos" (Guayaquil, Ecuador, julio 2002). Particularmente los referidos a la participación de la sociedad civil, artículo 7, Discriminación e Intolerancia, artículos 10 y 12, Derechos de los Migrantes y sus Familias, artículos 50 y 51, Derechos Humanos los Derechos de los Refugiados y Apátridas.

Porque somos parte de una sola humanidad y nos reconocemos en todos quienes sufren, en cualquier parte allí donde esto ocurra, nos reafirmamos en una sola voz, en un solo aliento de esperanza y en nuestro compromiso para actuar juntos para transformar un orden migratorio internacional que lesiona nuestra dignidad por otro, más solidario y justo, que permita nuestra plena realización como seres humanos.

Dado en la ciudad de Quito a los 15 días del mes de agosto de 2002

 Notas:

[1] Segunda Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (Santiago de Chile, 2,- 3 Abril 2001) Pag.24.

[2] En particular, la Convención Americana de Derechos Humanos y su Protocolo Adicional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador); la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias; la Convención Interamericana contra Todas las Formas de Violencia contra la Mujer; la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos adicionales para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, en particular de mujeres y niños; el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migraciones por Tierra, Mar y Aire; la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores; Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores; la Convención para reducir los casos de Apatridia; la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, y el Protocolo de 1967; la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984; y, el Protocolo Facultativo sobre los Derechos de los Niños, referente al reclutamiento forzado.