NOTA TÉCNICA DE LA SANTA SEDE

1. La Conferencia internacional sobre la reforma agraria y el desarrollo rural que la FAO, en colaboración con el Gobierno de Brasil, ha convocado en Porto Alegre, es ocasión para una reflexión atenta sobre la situación del mundo rural y para corresponder con respuestas adecuadas al anhelo de justicia y al deseo de desarrollo de cuantos viven en él. Debemos afrontar temas importantes para la familia humana y que, por eso, interpelan directamente también a la Santa Sede y a la Iglesia católica, las cuales, de acuerdo con su naturaleza y su misión, se sienten llamadas a sostener, en todas las circunstancias, la causa del hombre.

Los responsables de los Estados, de las organizaciones internacionales y de las que son expresión de la sociedad civil, tienen la posibilidad de hacer un balance sobre los compromisos asumidos precedentemente y sobre las acciones que les han seguido, y al mismo tiempo dar orientaciones para el futuro de los más de novecientos millones de personas que, representando a las tres cuartas partes de la población mundial pobre, viven en zonas rurales en situaciones de máxima pobreza (IFAD:  "Rural Poverty Report 2001", Oxford University Press, 2001). Un futuro que se vislumbra cada vez más incierto, como lo indican los informes presentados a la consideración de la Conferencia, y que por tanto exige intervenciones necesarias tanto mediante la acción de los diversos países como a través de las diferentes iniciativas ofrecidas por la cooperación internacional.

No sólo se trata de fortalecer la solidaridad internacional para afrontar conscientemente el gran desafío planteado por el objetivo del desarrollo de los pueblos y, en este marco, por el compromiso específico de garantizar a la humanidad una efectiva seguridad alimentaria, sino también de dar respuestas válidas a las expectativas de cuantos —pequeños agricultores, campesinos, artesanos y sus familias— viven y trabajan establemente en el mundo rural. En efecto, hay que evitar el peligro de considerar el mundo rural como una realidad secundaria, o incluso olvidarlo, favoreciendo así la pérdida de los elementos fecundos de orden social, económico y espiritual que lo caracterizan.

2. La situación actual del mundo rural muestra cómo el intercambio global, el uso de las técnicas modernas y los constantes progresos de la investigación permiten aumentos, incluso rápidos, de la producción, así como de los índices de desarrollo humano. Ciertamente, se trata de una realidad que no se puede descuidar o rechazar, sino que hay que acoger y valorar positivamente, con tal de que se la reconozca como un instrumento ulterior de la creación ofrecido a la familia humana y no como un elemento que altera el orden natural. "Es preciso reconocer que el progreso técnico, aun siendo necesario, no lo es todo. Sólo es verdadero progreso el que salvaguarda íntegramente la dignidad del ser humano y permite a cada pueblo compartir sus recursos espirituales y materiales en beneficio de todos" (Benedicto XVI, Discurso a los participantes en la XXXIII Conferencia de la FAO, 24 de noviembre de 2005:  L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 2 de diciembre de 2005, p. 6).

La cuestión está directamente relacionada con los temas tratados por la Conferencia, especialmente cuando, ante el ideal del destino común de los bienes, estos, en cambio, están concentrados en las manos de pocos, excluyendo a cuantos no están en condiciones de poder disfrutar de ellos, o por desgracia se ven limitados en sus aspiraciones más íntimas o incluso privados de la condición esencial de dignidad. En efecto, al considerar las numerosas cuestiones vinculadas a la reforma agraria y al desarrollo rural, conviene recordar el principio inmutable de que "Dios ha destinado la tierra y todo cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos" (Gaudium et spes, 69), como criterio inspirador y común de un orden social y económico capaz de implicar y motivar a todos los miembros de la familia humana. Basándose en él, la doctrina social de la Iglesia ha condenado a menudo el latifundio como intrínsecamente ilegítimo (Pablo VI, Populorum progressio, 23, 1967; Consejo pontificio Justicia y paz:  "Para una mejor distribución de la tierra. El reto de la reforma agraria", nn. 32-34, 1997; "Compendio de la doctrina social de la Iglesia", n. 300, 2004).

Este criterio cobra mayor importancia si se piensa en la distribución desigual de los bienes dentro de un mismo país, que determina, sobre todo en las áreas rurales de los países en vías de desarrollo, condiciones de vida que no satisfacen las necesidades básicas. En el mundo rural las situaciones de miseria, explotación, falta de acceso al mercado y malestar social se agudizan cuando, al mismo tiempo, faltan garantías de tutela de los que trabajan la tierra. En efecto, se encuentran en condiciones de vida precarias, pues su trabajo está condicionado por situaciones climáticas y naturales adversas, así como por no contar con recursos para afrontar la escasez o la pérdida de las cosechas, con el consiguiente abandono gradual de la actividad agrícola, llevados por la ilusión, con frecuencia errónea, de encontrar en las áreas urbanas mejores respuestas a la condición de pobreza.

Sobre esta situación de precariedad de las áreas rurales de los países en vías de desarrollo influye también el apoyo generalizado de los países con mayor bienestar a la producción agrícola, al comercio de los productos de la tierra y al consumo de alimentos. Cambiar esta situación significa también recurrir a un concepto concreto de justicia capaz de realizarse con políticas, reglas, normas y acciones solidarias.

3. Existe, además, otro elemento que condiciona el futuro de las áreas rurales y que atañe a la responsabilidad de las generaciones actuales con respecto a la conservación y protección de la naturaleza y de sus recursos, así como de los diversos ecosistemas que pertenecen al mundo rural (agrícola, forestal, fáunico, hídrico, atmosférico). Muchas veces la falta de una relación correcta entre la tierra y quien la cultiva, la incertidumbre relacionada con el título de propiedad o con las posesiones, y la imposibilidad de acceder al crédito, así como otras situaciones que afectan a los pequeños agricultores, son la causa de una excesiva explotación de los recursos naturales con el único objetivo de la rentabilidad inmediata. Y todo esto en detrimento de una fertilidad duradera de las tierras, del respeto de los ciclos de las estaciones y, por tanto, de una conservación de las superficies cultivables para uso de las generaciones futuras.

Sin embargo, la experiencia madurada hasta ahora muestra que el único criterio de sostenimiento ambiental, puesto en el centro de las estrategias de desarrollo durante los últimos decenios, no podrá constituir una respuesta eficaz si no se funda en una auténtica ecología humana que, apelando a la responsabilidad del ser humano consigo mismo, con el prójimo, con la creación y con el Creador, sea capaz de reconocer que "El hombre es, ante todo, un ser que busca la verdad y se esfuerza por vivirla y profundizarla en un diálogo continuo que implica a las generaciones pasadas y futuras" (Centesimus annus, 49; cf. también n. 38).

4. "La primera estructura fundamental a favor de la "ecología humana" es la familia, en cuyo seno el hombre recibe las primeras nociones, determinantes, sobre la verdad y el bien; aprende qué quiere decir amar y ser amado, y por consiguiente qué quiere decir en concreto ser una persona" (ib., 39). También en las áreas rurales, una arraigada y sana concepción de las relaciones humanas comprende la importancia de la familia:  en efecto, la familia rural está "llamada a gestionar con su trabajo la pequeña empresa familiar, pero también a transmitir la idea de relaciones basadas en el intercambio de conocimientos recíprocos, valores, ayuda pronta y respeto" (Discurso del cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado, con ocasión de las celebraciones del LX aniversario de la FAO, Roma, 17 de octubre de 2005, n. 4:  L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 28 de octubre de 2005, p. 6). Esto significa que si la familia encuentra obstáculos, o ya no está en condiciones de cumplir su función, la comunidad rural en su conjunto sufre consecuencias graves y penosas:  es lo que sucede cuando la concepción del matrimonio y de la vida familiar se separa del orden de los valores que son propios de ellos, o cuando en las relaciones del núcleo familiar se insinúan o prevalecen consideraciones de carácter egoísta, hedonista o, más simplemente, materialista.

Así pues, una aplicación correcta de esta realidad a las exigencias del desarrollo rural exige reconocer que la familia, como los demás grupos y agregaciones sociales primarios, precede al aparato institucional estatal y ha de ser debidamente respetada y valorada en su esencia y en su organización de los regímenes de propiedad, de la actividad productiva y del uso de las técnicas de trabajo.

Al examinar la imagen que una auténtica realidad de familia puede imprimir en el orden social, encontramos una aplicación del principio de subsidiariedad que hoy también la comunidad internacional considera un instrumento regulador de toda relación y que, por tanto, contribuye a la definición de las formas institucionales y de las leyes económicas. A través de una correcta subsidiariedad, los mismos poderes públicos, desde el nivel local hasta la más amplia dimensión internacional, pueden contribuir realmente al desarrollo de las áreas rurales, preocupándose al mismo tiempo por el bien común, pero sabiendo que esto sólo podrá realizarse si se presta atención de modo proporcionalmente más intenso a cuantos se encuentran en situación de mayor necesidad. En este sentido, los campesinos sin tierra y los pequeños agricultores son los primeros a quienes se debe prestar atención en el marco de programas orgánicos de cooperación, funcionales, en los que ha de participar también la sociedad civil local, para garantizar un desarrollo concreto que valore su misma realidad social, cultural, religiosa, económica e institucional.

5. La reflexión solicitada a los Estados que participan en la Conferencia comprende, entre otros temas, la cuestión de la propiedad de la tierra, elemento de fundamental importancia en las políticas económicas y agrarias capaces de promover eficazmente el desarrollo rural y, a la vez, de garantizar justicia social, estabilidad política y coexistencia pacífica. En efecto, es sabido que, como muestran numerosos análisis económicos, el no tener acceso a la tierra (insicure access to land) es una de las principales causas de la pobreza rural.

Se trata de una realidad compleja, que implica a menudo la exigencia de reformas agrarias orgánicas que no pueden reducirse a una simple repartición y asignación de la tierra, sino que es necesario insertar en estrategias de desarrollo rural que, además de prever las inversiones necesarias en infraestructuras públicas y servicios sociales, consideren las demandas del sector agrícola, la profesionalidad al proyectar los planos de reforma, su organización y gestión. La cuestión resulta aún más preocupante cuando situaciones de conflicto, epidemias y migraciones forzadas hacen que la responsabilidad del núcleo familiar rural recaiga exclusivamente en la mujer.
Muchas veces costumbres y reglas tradicionales impiden a la mujer el acceso a regímenes de propiedad inmobiliaria; por tanto, se necesitan intervenciones destinadas a dar a la mujer sobre la que recaen responsabilidades familiares y sociales un justo reconocimiento jurídico de su papel y de su capacidad.

La reducción de la concentración de la tierra debe orientarse a "que aumenten las remuneraciones, se corrijan las condiciones de trabajo, aumente la seguridad en el empleo y se dé el estímulo para actuar por iniciativa propia; más aún, a que se distribuyan las propiedades no suficientemente cultivadas a aquellos que sean capaces de hacer fructíferas esas tierras" (Gaudium et spes, 71). Esto puede significar la promoción de formas de empresa, entre las que la empresa agrícola familiar es muy importante, y de estructuras cooperativas capaces de trabajar de modo autónomo y eficaz, de posibilidades de acceso al crédito para los pequeños agricultores y, por último, de formación para responder a las concepciones modernas vinculadas a tecnologías adecuadas y a la producción y comercialización agrícola (cf. Consejo pontificio Justicia y paz:  "Para una mejor distribución de la tierra. El reto de la reforma agraria"). Al obrar así, ante todo se podrán evitar repercusiones en los niveles de producción y en las dinámicas migratorias de la población, por las cuales se produce a menudo el abandono de las tierras y una excesiva presión demográfica en torno a las grandes ciudades o en áreas desprovistas de las infraestructuras necesarias.

En este ámbito, también hace falta examinar la importancia de sostener la peculiaridad de las comunidades indígenas, que fundan su identidad, su cultura y su espiritualidad en su relación ancestral con la tierra, y cuya estructura social considera el uso de la tierra como consecuencia de una propiedad común. Con demasiada frecuencia situaciones vinculadas a la actividad económica, a la explotación de los recursos naturales y a la construcción de edificios han interrumpido esta relación impidiendo el uso de las tierras, con el consiguiente abandono de los métodos de producción vinculados al conocimiento tradicional. Toda acción de reforma agraria en favor de las comunidades indígenas no sólo deberá garantizar una efectiva protección de sus derechos sobre la tierra, sino también promover un adecuado desarrollo global, que ante todo no los discrimine con respecto a los demás componentes de la población.

6. La Santa Sede siempre ha prestado atención particular al mundo rural y a sus valores, consciente de que sus principales características —dimensión a medida del hombre, conocimiento inmediato del orden, de la armonía y de la belleza del cosmos, satisfacción del esfuerzo, intercambio generoso de servicios en comportamientos individuales y relaciones recíprocas rectos, por citar sólo algunas— se encuentran en todos los tiempos y lugares del planeta. Además, es consciente de cuánta importancia atribuye la sociedad rural al aspecto religioso, presente en la vida individual y comunitaria, en la vida laboral y familiar, y sobre todo como fundamento de principios morales capaces de impregnar la realidad social haciéndola estable e íntegra frente a las adversidades y a los obstáculos de todos los días.

La Conferencia internacional sobre la reforma agraria y el desarrollo rural puede constituir un momento fundamental para reconocer la auténtica identidad del mundo rural y la realidad de quienes viven en él, si en el centro de toda preocupación se sitúan la persona humana, la protección de su dignidad y la defensa de sus derechos fundamentales. Se trata de un presupuesto que no sólo puede salvaguardar los valores que posee el mundo rural, evitando que se consoliden modelos vinculados a opciones egoístas o inspiradas únicamente por leyes económicas, sino también garantizar la realización de las diversas políticas nacionales, así como dar a la acción internacional la eficacia duradera anhelada. Las soluciones técnicas, por más complejas y útiles que sean, no resultan eficaces si les falta la necesaria referencia al carácter central de la persona humana que, en su inseparable dimensión espiritual y material, es origen y fin de toda decisión y acción realizada por los diversos Estados y las instituciones de la comunidad internacional.