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PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ»

AGUA,
UN ELEMENTO ESENCIAL
PARA LA VIDA

PLANTEAR SOLUCIONES EFICACES

Una actualización

Aportación de la Santa Sede al Sexto Forum Mundial del Agua
Marsella, Francia, marzo de 2012

 

A. Introducción

I. La aportación de la Iglesia Católica al debate internacional
II. El momento de un balance para plantear futuras soluciones

B. La situación actual

I. Progresos en la consolidación del derecho al agua y reconocimiento de la necesidad de actuarlo
II. Falta aún mucho por hacer
III. La consolidación de una necesaria visión integrada y polivalente en la búsqueda de soluciones que sean apoyadas por estructuras internacionales específicas
IV. Una demanda en aumento

C. Soluciones sostenibles

I. La necesidad de soluciones inmediatas
II. Estructuras y governance
III. Nuevas políticas
IV. Sobriedad y justicia

D. Conclusión

 

INTRODUCCIÓN

I. La aportación de la Iglesia Católica al debate internacional

Con ocasión de los Foros Mundiales del Agua del 2003, 2006 y 2009, la Santa Sede ha elaborado algunas reflexiones. En virtud de su misma competencia, que es de orden prevalentemente moral, ha evidenciado diversos temas relativos al agua, reafirmando su importancia y favoreciendo acciones destinadas a mejorar su uso y su protección a nivel mundial.

1. Kyoto 2003

Con ocasión del Forum de Kyoto, el documento Water, an essential element for life de la Santa Sede[1] relevó como el agua es un factor común de las tres columnas -económico, social y ambiental- del desarrollo sostenible. Respecto a la dramática situación en la que viven las personas que no disponen de agua potable, es evidenciada la predominación tanto de los problemas de acceso y de gestión de los recursos respecto a aquellos vinculados a la disponibilidad global, como de los problemas causados por el uso excesivo e irresponsable del agua en los países desarrollados respecto de aquellos causados por la creciente demanda debido al aumento de la población.

El documento define el agua como un tripe bien: bien social, vinculado a la salud, a los alimentos, y a los conflictos; bien económico, necesario para la producción de otros bienes y correlacionado con la energía, pero que de cualquier manera no puede ser considerado como cualquier otro bien comercial, en cuanto que es un bien indispensable para la vida y es un don de Dios; bien ambiental, en el sentido de que está conectado a la sostenibilidad del ambiente y a las catástrofes naturales.

Además, la Santa Sede, también con ocasión del Forum de Kyoto, manifestó su deseo de un reconocimiento formal del derecho al agua potable, como derecho humano fundamental e inalienable, fundado sobre la dignidad humana. El agua en efecto, es una condición indispensable para la vida y para el crecimiento humano integral. Y, por último, ha evidenciado su valoración religiosa y los múltiples vínculos con los problemas de la pobreza.

2. México 2006

En Ciudad de México, actualizando el documento precedente,[2] la Santa Sede consideró el agua sobre todo como una responsabilidad de todos, al ser un bien fundamental de la creación de Dios destinada a cada persona y pueblo. Su acceso es un factor clave para la paz y la seguridad.

El nuevo documento llega a auspiciar la promoción de una cultura del agua, que la valore, respete y considere no como una simple mercancía, sino un bien destinado a todos. Una cultura semejante es fundamental para la gestión justa y responsable del agua, incluso con referencia a las catástrofes naturales.

3. Estambul 2009

Posteriormente, en vista del quinto Forum de Estambul, el documento inicial fue actualizado con el subtítulo And now a matter of greater urgency. El nuevo texto,[3] en particular, solicita analizar como una única e importante cuestión el agua potable y los servicios higiénicos, ambos fundamentales para determinar los contenidos de un mismo derecho. Con respecto al derecho al agua, la Santa Sede constata que la afirmación jurídica es aún insuficiente y poco explícita, no obstante haya sido reconocida indirectamente en diversos textos internacionales. Y hace un llamamiento a la promoción y al reconocimiento explícito de tal derecho, radicado en la dignidad humana.

Observando las tendencias estadísticas en curso, la Santa Sede estimó que los Objetivos de Desarrollo del Milenio[4] concernientes al agua no se alcanzarían verosímilmente en el 2015 y ante tal fracaso, cualquier porcentaje de su realización representaría una grave falta por parte de la comunidad internacional.

II. El momento de un balance para plantear futuras soluciones

En 1990, el beato Juan Pablo II lanzó un sentido llamamiento a la «urgente necesidad moral de una nueva solidaridad [respecto de la crisis ecológica]»[5] y respecto al uso correcto de los recursos naturales. Dos años después, la ONU organizó en Río de Janeiro una Cumbre sobre «Ambiente y Desarrollo», evento histórico que produjo grande influencia y repercusiones a nivel mundial. Esto contribuyó significativamente a plantear las reflexiones y los proyectos de acción en favor del desarrollo para los 20 años sucesivos.

El papel particular del agua en orden al desarrollo ha sido ampliamente reconocido, como lo corroboran diversas iniciativas, entre las cuales: las primeras actividades del Consejo Mundial del Agua a mediados del los años noventa; la decisión de la ONU de convocar un decenio para “El agua, fuente de vida” (2005-2015); la creación por parte de diversos Gobiernos y Organismos Internacionales de estructuras dedicadas a la compleja problemática del agua.

Hoy, tras el inicio de una violenta crisis económica, vinculada además a la explotación de los recursos naturales y a la desconexión entre las finanzas y la economía real, entre ganancia y sostenibilidad, ha llegado el momento de efectuar un balance sobre la situación actual para plantear urgentemente soluciones eficaces ante los problemas que quedan pendientes, en vista de la Conferencia de Río+20 que se realizará en junio del presente año y de ulteriores y necesarias reflexiones sobre el agua, en relación al desarrollo integral de los pueblos.

Es un motivo de esperanza que los organizadores del Sexto Forum Mundial del Agua hayan elegido como título para el evento: Time for solutions. La Santa Sede espera que en el 2012 se tomen decisiones incisivas fundadas sobre principios válidos y que se compartan prácticas «virtuosas» que sean institucionalizadas y universalizadas, en la medida de lo posible, a partir del próximo año, dedicado por la ONU a la cooperación sobre los problemas del agua.[6]

En esta misma perspectiva, la Santa Sede espera que este documento ofrezca una aportación útil.

LA SITUACIÓN ACTUAL

I. Progresos en la consolidación del derecho al agua y reconocimiento de la necesidad de ponerlo en práctica

1. La Santa Sede y la propuesta de derechos relacionados a los bienes colectivos
incluido el agua

En 1990 el beato Juan Pablo II señalaba el «derecho a un ambiente seguro, como un derecho que debería incluirse en la Carta de los derechos del hombre puesta al día».[7] En el año siguiente, en su encíclica Centesimus annus, este derecho vendrá presentado como un derecho que corresponde a un «bien colectivo», cuya salvaguarda no puede ser garantizada por simples mecanismos de mercado,[8] sino a través de la colaboración de todos.

De nuevo Juan Pablo II, en el 2003, reflexionaba sobre la afirmación de un creciente y preocupante contraste entre una serie de nuevos derechos promovidos en las sociedades consumistas y tecnológicamente avanzadas, y los derechos humanos elementales, como el derecho al agua potable, que no están aún suficientemente satisfechos, principalmente en situaciones de subdesarrollo.[9]

En el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, publicado en el 2004, se especifica que «el derecho al agua, como todos los derechos del hombre, se basa en la dignidad humana y no en valoraciones de tipo meramente cuantitativo», y se precisa que «es un derecho universal e inalienable».[10]

En el 2009, Su Santidad Benedicto XVI, evidenciando la conexión con los demás derechos, subraya que éste reviste un papel muy importante para su efectiva consecución, comenzando con el derecho primario a la vida.[11]

2. El camino de las Naciones Unidas

También la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diversas ocasiones durante los últimos años, se ha ocupado del derecho al agua y le ha consagrado explícitamente el año 2010, definiéndolo «right to safe and clean drinking water and sanitation».[12] En esa misma Resolución se le reconoce como derecho fundamental esencial para el pleno ejercicio del derecho a la vida y de todos los derechos humanos. En el preámbulo de esta histórica Resolución, la Asamblea General recuerda, además, la Observación n. 15 (2002), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC), que precisa el contenido normativo del derecho al agua, las obligaciones de los Estados que forman parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y aquellos de los actores no estatales involucrados, incluidas las instituciones financieras internacionales.[13]

En el año siguiente, el Relator especial para el derecho al agua, la Señora Catarina de Albuquerque,[14] ha contribuido de manera importante a una mejor comprensión de las posibilidades concretas para la realización de este derecho, presentando algunas buenas prácticas y experiencias de éxito entre las cuales, la clara individuación de las responsabilidades.

En el mismo año 2011, en la línea de este deseado reconocimiento, basándose en el mencionado informe, el Consejo de Derechos Humanos ha lanzado un llamamiento a los Estados para su efectiva puesta en práctica.[15]

II. Falta aún mucho por hacer

1. Muchas personas no tienen acceso al agua potable

Para muchas personas, en diversos contextos, no es posible todavía hoy vivir con dignidad, estando expuestas a morbilidad y mortalidad. Se carece, en efecto, de un acceso suficiente al agua potable en cantidad y calidad adecuadas. Además, se ha de tener presente que las cifras de dicho acceso, comúnmente consideradas en las sedes internacionales, no reflejan la complejidad del fenómeno. La distribución geográfica de las personas actualmente necesitadas de un acceso adecuado al agua, además, hace aún más difícil la solución de los problemas.

a. Acceso al agua potable en cantidad inadecuada

Algunas comunidades carecen de la suficiente cantidad de agua para satisfacer las propias necesidades, o incluso no disponen de agua en las proximidades y, por tanto, las personas deben recorrer largas distancias para obtenerla.[16] O, incluso, dependen de recursos que varían de acuerdo a las estaciones del año y las precipitaciones de lluvia. A tales restricciones naturales se agregan otras de tipo antrópico y técnico, como: la carencia de instituciones adecuadas; la imposibilidad de conservar o de pagar el agua potable; la carencia repentina de las fuentes de agua habituales y de las estructuras necesarias para la gestión del agua, a causa de los conflictos o de nuevas actividades con un alto consumo de la misma.[17]

b. Acceso al agua potable de calidad inadecuada

La buena calidad del agua potable no está garantizada si no se poseen eficaces mecanismos de depuración y adecuados servicios higiénicos. Y mucho menos si se carece de la información necesaria para distinguir el agua verdaderamente potable del agua aparentemente potable que, en cambio, requiere de tratamientos para potabilizarla.[18] En otros contextos, algunas comunidades disponen y utilizan mecanismos eficaces de depuración y servicios higiénicos compatibles con su nivel tecnológico y económico, pero que no son suficientes para el tratamiento de aguas altamente contaminadas, como las aguas negras o los residuos de origen industrial.

c. Las subestimadas cifras de la sed

Estas situaciones abarcarían cerca de 800-900 millones de personas, de acuerdo con las estadísticas internacionales comúnmente difundidas, incluidas las de las Naciones Unidas. Pero, adoptando una definición más amplia de acceso al agua, un acceso regular y constante al agua potable que sea accesible económicamente, legalmente y de hecho, y que sea aceptable desde el punto de vista de su uso, la realidad descrita por algunos estudios es aún más preocupante: 1.9 mil millones de personas tendrían a su disposición sólo agua insalubre, mientras 3.4 mil millones de personas utilizarían eventualmente agua de calidad incierta. De acuerdo a estas últimas estadísticas, en definitiva, el acceso al agua potable no estaría garantizado a casi la mitad de la población mundial.[19]

d. Una distribución geográfica compleja

La mayor parte de las personas carentes de un acceso regular al agua potable (84% de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud[20]), vive en zonas rurales, o en zonas en las que la posibilidad de proveer agua potable son muy escasas. en ellas, diversos factores, como la lejanía de algunas comunidades y el costo de la infraestructura, hacen improbable un mejoramiento de la situación rápido y concreto.

Además, en las zonas urbanas pueden surgir también problemas de difícil solución. En efecto, millones de personas reciben agua corriente insalubre a causa del hecho de que habitan en contextos que requieren de grandes inversiones en infraestructura y tecnología para la potabilización del agua corriente.

Tal distribución geográfica de los sedientos —así se podrían definir aquellos que no poseen un acceso regular al agua— hace que la situación sea particularmente preocupante, en cuanto que los progresos serán verosímilmente lentos y costosos. Incluso en algunas zonas urbanas del mundo es evidente el fuerte desequilibrio entre el crecimiento de la población y el aumento de las infraestructuras hídricas.

2. El retraso en los servicios higiénicos

Los avances en el sector de los servicios higiénicos se revelan insuficientes. Ya que más de mil millones de personas no tendrían acceso a ningún tipo de servicio higiénico[21] y las tendencias actuales hacen presagiar que se procede muy lentamente en orden a modificar esta situación.

Dicha realidad es preocupante porque los servicios higiénicos, así como la depuración, revisten un papel esencial en los procesos de reutilización del agua y en el combate contra posibles riesgos para la salud humana, causados por el agua contaminada o estancada. La ausencia de servicios higiénicos y de adecuados sistemas de depuración es una seria amenaza para al ambiente, especialmente en las grandes ciudades con una extensa densidad de población, ya que cantidades elevadas de agua contaminada son versadas nuevamente en el medio ambiente, en un espacio limitado.

3. Los riesgos de una visión mercantilista

Las reglas y las negociaciones del comercio internacional deberían mirar al bien de todos, en particular de las personas en condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad, y a garantizar los medios para una subsistencia humana digna.[22] La esencialidad del agua, don de Dios,[23] para la existencia humana obliga a no considerarla como un bien comercial cualquiera.

Sin embargo, permanece en ocasiones, a nivel práctico, una concepción excesivamente mercantil del agua que corre el riesgo de considerarla equivocadamente como una mercancía más, planificando incluso inversiones económicas de acuerdo al criterio de la ganancia por la ganancia, sin atender al valor público del agua.

Una visión y un comportamiento excesivamente mercantil puede conducir a programar las inversiones para infraestructuras sólo en zonas donde parece que es rentable realizarlas, es decir donde parece que daría ganancias, ahí donde vive un gran número de personas. Existe el riesgo de no reconocer a los propios hermanos y hermanas como seres humanos con el derecho a una existencia digna y percibirles en cambio como simples clientes. Una perspectiva mercantilista semejante induce a crear en algunos casos una dependencia no necesaria (de redes, procedimientos, burocracias, autorizaciones) y predispone a suministrar el agua sólo a quien es capaz de pagarla. Otra limitación de la actitud mercantil en la gestión del agua (y de otros recursos naturales) es la de cuidar y salvaguardar el ambiente, asumiéndose las propias responsabilidades, sólo si y cuando sea económicamente conveniente.

4. Un derecho que se ha de tutelar y promover

Un derecho, una vez que ha sido reconocido, ha de ser protegido y promovido con un marco jurídico específico y con instituciones adecuadas que permitan definir claramente las responsabilidades y las circunstancias en que ese derecho no está garantizado, así como que consienta la posibilidad de denunciar y solicitar la respectiva reparación en el caso de que no se respete tal derecho.

Algunos países han incluido el derecho al agua en su sistema legislativo interno, precisando criterios de calidad y de cantidad para los diversos sujetos e identificando las estructuras responsables de su puesta en práctica. Esto es importante porque el Estado es, en el ámbito del propio territorio, el sujeto responsable que ha de garantizar los derechos y el bienestar de las personas así como la correcta gestión de los recursos naturales.

Desafortunadamente, no todos los Estados han incluido en su ordenamiento jurídico nacional el derecho al agua. Algunos Estados toleran o llevan a cabo en su territorio acciones directa o indirectamente lesivas del derecho de las comunidades pertenecientes a Estados confinantes, o incluso, llegan a utilizar el agua como instrumento de presión política o económica.

Por otra parte, a nivel internacional, después de que ha sido reconocido un derecho tan importante, aparece de manera aún más clara la inadecuación del «conjunto de instituciones que estructuran jurídicamente»[24] los derechos y que están destinadas a garantizarlos. La necesidad de mejorar y reforzar las instituciones internacionales existentes «se presenta además evidente, si se piensa que la agenda de cuestiones a tratar a nivel global se hace cada vez más amplia»[25] y que algunas problemáticas ya no pueden ser gestionadas por un solo Estado. Esto vale con mayor razón para el agua, pues por su propia naturaleza se desplaza tanto en la superficie como en el subsuelo, independientemente de los confines establecidos por los seres humanos. Además de la carencia de las instituciones, «se debe constatar, por desgracia, la frecuente indecisión de la comunidad internacional sobre el deber de respetar y aplicar los derechos humanos».[26]

III. La consolidación de una necesaria visión integrada y a varios niveles en la búsqueda de soluciones que sean apoyadas por estructuras internacionales específicas

La Santa Sede aprecia la toma de conciencia de que no es posible procurar, y mucho menos encontrar y aplicar, soluciones a la cuestión del agua considerándola como independiente de otras diversas problemáticas correlacionadas con el desarrollo, y aún menos limitándose a la intervención en un único nivel. En los últimos años se han realizado progresos alentadores en dichos sectores. La aparición de algunas estructuras multinacionales o internacionales, que además han de ser fortalecidas, refleja la progresiva toma de conciencia de la comunidad internacional respecto a su necesidad.

1. El agua en una visión global del desarrollo

Es sabido que no se puede analizar ni intentar resolver la cuestión del agua de modo aislado, sin relacionarla con otras temáticas sociales, económicas y ambientales interconectadas.[27] El agua suele asociarse frecuentemente a las cuestiones del hambre y la subalimentación, de la economía y las finanzas, de la energía, el ambiente en sentido amplio, de la producción y la industria, de la higiene, la agricultura, la urbanización, las catástrofes naturales, el «aumento del nivel de las aguas o los efectos de sequías desoladoras».[28] Entre dichas problemáticas existe un elevado grado de interdependencia. Han de ser por tanto afrontadas conjuntamente en vista de un verdadero desarrollo integral y sostenible.

2. Los diversos niveles de análisis

Para interpretar y afrontar adecuadamente las mencionadas problemáticas, se practica frecuentemente el análisis interdisciplinar —y debe continuar haciéndose- en diversos niveles. Se han de considerar debidamente tanto el nivel global como el local, la estructura regional y la nacional, como lo requiere el principio de subsidiariedad.

Los acuíferos internacionales, los ríos y lagos transnacionales, las actividades que potencialmente inciden sobre la disponibilidad del agua para otro Estado, constituyen naturalmente una cuestión social supranacional. La prevención y la gestión de las crisis en zonas de tensión requieren además un análisis en varios niveles, en cuanto que las decisiones nacionales pueden repercutir sobre las situaciones locales, como asimismo eventuales conflictos locales pueden crear inestabilidad a nivel regional. Por otra parte, la posibilidad de cooperación entre las realidades locales y globales, para seguimiento de proyectos, para difundir buenas prácticas, para evaluar las inversiones, requiere también de un análisis en varios niveles.

3. Nuevas estructuras intergubernamentales aún insuficientes

La Santa Sede aprecia la creación, dentro de las Naciones Unidas o en estructuras intergubernamentales regionales, de grupos de consultoría o de organizaciones de coordinación, especialmente dedicados a las cuestiones del agua. Esta tendencia, iniciada en los primeros años del presente siglo, demuestra la atención creciente prestada al «bien público» que es el agua. No obstante, quedan pendientes ulteriores progresos institucionales para la gestión del agua a nivel internacional.

IV. Una demanda en aumento

1. Las razones

En el futuro habrá una creciente necesidad de agua a nivel mundial, dado que la población global aumenta.

Por otra parte, independientemente del aumento de la población, se han acrecentado los niveles de vida y consumo en diversos países. Crece la demanda de agua y de energía, dedicados incluso para fines no esenciales y en la producción de bienes de consumo no indispensable. A este respecto, son particularmente preocupantes «el derroche de los recursos [destinados a] alimentar un consumismo insaciable»[29] y «la acumulación ilimitada de bienes (…) reservados a un escaso número de personas y propuestos como modelos a la masa».[30]

2. Recursos en riesgo

A una creciente demanda de agua, por otra parte, se agrega la carencia de tal bien, por lo que son manifiestas las «preocupaciones por la creciente disminución de la disponibilidad del agua».[31] En efecto, los recursos hídricos se ven comprometidos también por actividades imputables directamente a una deficiente gestión, es decir: la contaminación que actúa en los diversos niveles del ciclo del agua; la excesiva extracción que no considera debidamente los tiempos necesarios para la regeneración del recurso hídrico. La situación se agrava por las perdidas por fuga en las estructuras mal proyectadas o mal gestionadas, y los derroches causados por consumos irresponsables.

El calentamiento global, particularmente en algunas zonas afectadas por mutaciones climáticas, reducen los recursos disponibles. Dicho fenómeno impactará verosímilmente y será percibido en mayor grado en las zonas con poca agua y habitadas por poblaciones vulnerables. Millones de personas[32] podrían ser privadas del agua para sus necesidades y ver además cómo peligra su producción agrícola, que depende principalmente de la abundancia o escasez de la lluvia.

Por otra parte, algunos países han utilizado desmedidamente el agua disponible poniendo en peligro las reservas y sobrepasando los límites de la sostenibilidad.[33] La seguridad y la sostenibilidad de los recursos del agua permanece, por tanto, una cuestión de la que es necesario ocuparse urgentemente.[34]

SOLUCIONES SOSTENIBLES

Nos encontramos, por tanto, en un contexto en el cual el derecho al agua ha sido internacionalmente reconocido, pero los progresos en su puesta en práctica, en los diversos contextos de desarrollo, son demasiado lentos.

Frente a un desafío como este, es cada vez más necesario que la comunidad internacional plantee soluciones sostenibles y que sean además aplicadas en los diversos niveles.

I. La necesidad de soluciones inmediatas

La Santa Sede subraya el aspecto «urgente» del problema y espera que la búsqueda de soluciones actualmente en curso por parte de la comunidad internacional no se quede solo en declaraciones de intenciones aún cuando estén sustentadas por copiosos estudios. En la programación a medio y largo plazo de economías sostenibles, no se han de descuidar las cuestiones más críticas, respecto de las cuales es más difícil alcanzar un consenso unánime, pero que de cualquier manera necesitan una diligente atención así como acciones urgentes y eficaces, dirigidas a tutelar la dignidad humana y la vida de millones de personas.

«Donde hay vidas humanas de por medio, el tiempo es siempre limitado: el mundo ha sido también testigo de los ingentes recursos que los gobiernos pueden emplear en el rescate de instituciones financieras consideradas “demasiado grandes para que fracasen”. Desde luego, el desarrollo humano integral de los pueblos del mundo no es menos importante. He aquí una empresa digna de la atención mundial».[35]

II. Estructuras y governance

Con relación a diversas problemáticas supranacionales, como las del ambiente y el agua, emerge la necesidad de una governance internacional.[36] Pero dicha governance no ha de ser entendida como un principio superior que oprime las iniciativas locales o estatales, sino como una necesidad de coordinación y de orientación, para una valoración y un uso armonioso y sostenible del ambiente y de los recursos naturales en vista de la realización del bien común mundial.

1. La tarea de la governance

Es necesario un ordenamiento de instituciones que garantice a todos y en todo lugar un acceso al agua adecuado y regular,[37] que responda a los déficits ya señalados: indicando standards cualitativos y cuantitativos; ofreciendo criterios que ayuden a promover legislaciones nacionales compatibles con el derecho al agua, reconocido internacionalmente; vigilando para que los Estados respeten sus compromisos.

Una tarea importante es la de favorecer las diversas formas de cooperación científica y la transferencia de tecnologías; la cooperación administrativa y de gestión. Son necesarias asimismo decisiones comunes para combatir la corrupción y la contaminación, así como para la prevención y la gestión de los conflictos. En particular, se ha de promover la institución de una autoridad competente a nivel regional y transnacional para una gestión conjunta, integrada, ecua, racional y solidaria de los recursos comunes.

La governance deberá, además, garantizar el primado de la política —responsable del bien común- sobre la economía y las finanzas. En necesario reconducir estas últimas dentro de los confines de su vocación real y de su verdadera función, teniendo en cuenta sus responsabilidades evidentes con respecto al ambiente, el bien público que es el agua, y la sociedad, para animar mercados e instituciones financieras que estén efectivamente al servicio de la persona, , es decir, que sean capaces de responder a las exigencias del bien común y de la fraternidad universal,[38] y cuya motivación no sea la ganancia por la ganancia.

2. Razones de ser de la governance: asegurar el destino universal de los bienes

La humanidad ha recibido de Dios la misión de cuidar y administrar con sabiduría el ambiente, el agua y los otros recursos, que son «bienes comunes», que contribuyen al «bien común mundial», y para cuya realización son indispensable instituciones apropiadas. Dichas instituciones han de encargarse de garantizar a nivel global el destino universal de los bienes. La doctrina social de la Iglesia, en efecto, funda la ética de las relaciones de propiedad respecto de los bienes de la tierra en la perspectiva bíblica que muestra a la creación como don de Dios para todos los seres humanos: «Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad. Sean las que sean las formas de la propiedad, adaptadas a las instituciones legítimas de los pueblos según las circunstancias diversas y variables, jamás debe perderse de vista este destino universal de los bienes. Por tanto, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás ».[39]

El derecho al uso de los bienes terrenos, incluido el uso del agua, es un derecho natural e inviolable, de valor universal, en cuanto compete a todo ser humano. Este derecho ha de ser tutelado y hecho efectivo con leyes e instituciones adecuadas.[40]

III. Nuevas políticas

1. Políticas para el agua

La promoción del bien común, entre cuyas condiciones de realización actual está la de la tutela y la promoción del derecho al agua, es un «deber de la autoridad civil».[41] Son necesarias, por tanto, políticas que tutelen el mencionado bien, en sus condiciones contemporáneas de realización. A este propósito, la Santa Sede es consciente de que las situaciones son muy diversas. Ello obligará a pensar en políticas que sean válidas y eficaces para los diversos contextos.

a. Los operadores privados

Teniendo en cuenta que la autoridad pública conserva la función normativa y de control, y en referencia al caso de los operadores privados en el sector del agua, se ha de decir que es imposible establecer reglas o normas universales de colaboración privado-público. Si bien es comprensible y lógico que los actores privados tiendan a desarrollar actividades rentables, estos no han de olvidar que el agua posee un valor social y debe ser accesible para todos. En este sentido, la autoridad debe garantizar, mediante una adecuada legislación, que el agua mantenga su destino universal, «atendiendo particularmente a los sectores más vulnerables de la sociedad».[42] Los agentes privados poseen un papel esencial en la consecución del desarrollo y en la gestión de los diversos recursos naturales y, por tanto, no han de ser excluidos apriori. Estos, sin embargo, no han de comportarse como si el agua fuera un bien de tipo meramente comercial, en vez de un «bien público». Han de ser encaminados a observar comportamientos «virtuosos», es decir gestiones de los servicios de distribución del agua conforme a las exigencias del bien común.

b. Las políticas públicas

Se han de promover políticas «valientes», concebidas con gran visión de futuro, que no estén influenciadas por intereses particulares ni establecidas de modo oportunista para alcanzar éxitos electorales. Respecto al agua, el mundo de la política debe actuar de manera responsable, renunciando a intereses económicos inmediatos y a ideologías, que terminan por humillar la dignidad humana. La ley positiva ha de fundarse sobre los principios de la ley moral natural para garantizar el respeto de la dignidad y del valor de la persona humana,[43] que quedan vulnerados en el momento en que el derecho al agua no se garantiza y promueve. Son necesarias, por tanto, legislaciones y estructuras al servicio del derecho al agua. Pero sobre todo son necesarias personas rectas, es decir personas con fuerte sensibilidad por el bien común y por el «bien público» que es el agua.

2. Políticas basadas en la solidaridad

Las políticas deben ser expresión de la solidaridad, intergeneracional e infrageneracional, entendida como amor por el bien común y dedicación generosa, unánime, sistemática respecto de él, de acuerdo con los contextos históricos. Por tanto, se han de configurar de acuerdo con las condiciones concretas de su realización, entre las cuales emerge hoy la necesidad del acceso de todos al bien del agua.

La Santa Sede reafirma la urgente necesidad moral de una nueva solidaridad[44] respecto de los recursos naturales, de la gestión del ambiente y en particular respecto del agua, de acuerdo a una dimensión internacional que abraza a los países más pobres y que implica una gestión sobria de los recursos del planeta. Recuerda, además, que para que sea traducida «en acciones eficaces se requieren nuevas ideas que mejoren las condiciones de vida en muchas áreas importantes»,[45] además de decisiones éticamente cualificadas. Sin una real solidaridad, no se pueden concebir mecanismos financieros ni proyectar políticas que sirvan para la realización del derecho al agua. La solidaridad, en efecto, es una virtud de naturaleza ética, que favorece una vida digna para todos, consintiendo el acceso a los bienes fundamentales. Si se descuida la dignidad humana, se anulan las reformas de las estructuras, la misma governance y la orientación moral ofrecida por los grandes principios.

3. El compromiso de la sociedad civil

La Santa Sede, a este propósito, no olvida que la gestión del agua no es un problema que tiene que ver solo con algunos técnicos, algunos políticos o algunos administradores. Es y debe ser una preocupación de todos, de toda la sociedad civil. Esta última se sirve en particular del auxilio de la comunidad política para alcanzar sus fines. Esto, sin embargo, no significa que la sociedad civil pueda ser suplida en su responsabilidad primaria. La comunidad política está al servicio de los fines de la sociedad civil y recibe de ella la tarea de producir todas aquellas políticas e instituciones que son necesarias para la realización del bien común.[46] La autoridad política desarrolla adecuadamente su tarea si en la tutela y en la promoción del derecho al agua valora la aportación de la sociedad civil y la invita a organizarse. La correcta gestiLa correcta gestión del bien público que es el agua se realiza de acuerdo con la solidaridad y la subsidiariedad. La sociedad civil conserva la responsabilidad última, de tal manera que, cuando la comunidad política no se muestra capaz de desarrollar su tarea, debe movilizarse para cumplir ese fin.

IV. Sobriedad y justicia

En una sociedad que persigue el objetivo de un desarrollo sostenible e inclusivo, todos están llamados a vivir con sobriedad y justicia.[47]

1. Sobriedad en el consumo

Algunas sociedades tienen la posibilidad y el hábito de consumir varias veces al día, según fines más o menos esenciales, la cantidad de agua indispensable para una vida digna, mientras que otras sociedades se ven trágicamente privadas de ella. Esta desigualdad en el acceso y el consumo de agua no se puede aceptar.

No se puede alabar a aquellas sociedades que consumen agua para finalidades superfluas, como fruto de un consumismo cada vez más desenfrenado, orientadas a la acumulación ilimitada de bienes,[48] ya que representan prácticas contrarias a un desarrollo sostenible.

No se pueden compartir las motivaciones según las cuales el consumo o el ahorro de agua en un determinado lugar, particularmente en un país avanzado, no tiene consecuencias en otro lugar, principalmente en los países en vías de desarrollo. El agua constituye un «sistema» a escala mundial y, aunque no existiera una vinculación directa entre consumo y disponibilidad en dos lugares diversos, existen otros vínculos indirectos que se han de tener presentes: transportar, depurar y consumir agua cuesta y requiere energía. Ahora bien, las sumas requeridas podrían ser gastadas de modo más útil ayudando a los más pobres. No se ha de olvidar, además, el hecho de que tal energía es sustraída a veces a regiones que tienen más necesidad de ella. La Santa Sede reafirma, por tanto, la importancia de la sobriedad en el consumo, invocando la responsabilidad de las administraciones, de las empresas y de los ciudadanos individualmente. Dicha sobriedad se ha de regir por valores como el altruismo, la solidaridad y la justicia.

2. El principio de justicia

El principio de la justicia, articulado en los aspectos conmutativos, contributivos, distributivos, es decir como justicia social, ha de inspirar las soluciones a la cuestión del agua.

Este mismo principio debe, por ejemplo, orientar la ecua subdivisión de las inversiones necesarias para el desarrollo y promover la puesta en práctica del derecho al agua. Los países en vías de desarrollo y las economías emergentes deben contribuir a tales inversiones, en proporción a sus posibilidades, uniéndose así a los tradicionales Estados donadores. La comunidad internacional, por su parte, está llamada a adoptar modalidades innovadoras de financiamiento. Entre éstas puede ser incluida la de los capitales recabados por una eventual imposición fiscal sobre las transacciones financieras.

El principio de justicia debe, además, ayudar a individuar los daños causados al bien que es el agua y a proponer posibles reparaciones y sanciones. Para ese fin aparecen como oportunas las cortes de justicia habilitadas a la recepción de reclamaciones por parte de aquellos que no ven garantizado su derecho al agua.

De igual modo, el principio antes citado orienta la ecua distribución del agua. La Santa Sede, a este propósito, subraya que existen niveles mínimos para una existencia digna, que por otra parte no están garantizados en muchos países en vías de desarrollo, y que deben ser satisfechos de manera prioritaria respecto a otros niveles elevados de consumo, típicos de países con mayor grado de desarrollo. Además, para la Santa Sede, la justicia, en armonía con el principio de subsidiariedad, debe operar en todos los niveles, del local al transfronterizo, del nacional al regional, del continental al internacional. Al igual que la solidaridad, ha de ser intergeneracional e infrageneracional.

El principio de justicia, desde el momento en que debe salvaguardar el derecho de todos y en particular de los más débiles, invita a considerar que ciertas políticas forzosas de control de los nacimientos impuestos a estos últimos, no son una solución ecua. Dichas políticas, en efecto, constriñen a las comunidades más pobres a condicionar el propio desarrollo demográfico para consentir a otras sociedades el mantenimiento de sus excesivos niveles de consumo.

D. CONCLUSIÓN

Miles de personas no tienen todavía agua en cantidad o calidad suficiente para una vida digna, segura y confortable. La Santa Sede, confiando en el sentido de responsabilidad de los diversos actores involucrados en la gestión del agua, desea compartir el propio punto de vista con los gobiernos y con todas las personas de buena voluntad. Apelando al deber de solidaridad, espera que los compromisos adquiridos sean respetados y que se adopten soluciones sostenibles con urgencia y con un cuidado especial hacia los más vulnerables y las generaciones futuras. Los grandes eventos internacionales próximos, podrán proponer así dichas soluciones, justas y sostenibles para el ambiente, regidas por mecanismos innovadores que garanticen el respeto y una rápida realización. No se puede ignorar que para realizar el derecho al agua influye la diferencia entre la financiación considerada necesaria y aquella efectivamente realizada.

Con demasiada frecuencia, el agua es objeto de contaminación, de desperdicio y de especulación, cada vez es más discutida y es una causa patente de conflictos persistentes. En cambio, ha de ser custodiada como un bien universal que es indispensable para el desarrollo integral de los pueblos y para la paz.

 

 

[1] Cf. Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Water, an essential element for life, Ciudad del Vaticano 2003.

[2] Cf. Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Water, an essential element for life – An update, Ciudad del Vaticano 2006.

[3] Cf. Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Water, an essential element for life and now a matter of greater urgency – An update, Ciudad del Vaticano 2009.

[4] Obejtivo 7.c.

[5] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la XXIII Jornada mundial de la Paz (1 de enero de 1990), n. 10.

[6] Asamblea General de la ONU, Resolution adopted by the General Assembly 65/154. International Year of Water Cooperation, 2013, A/RES/65/154, 11 de febrero de 2011.

[7] Juan Pablo II, Mensaje para la XXIII Jornada mundial de la Paz (1 de enero de 1990), n. 9.

[8] Juan Pablo II, Centesimus annus, n. 40.

[9] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la XXXVI Jornada mundial de la Paz (1 de enero de 2003), n. 5.

[10] Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2004, n. 485.

[11] Cf. Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 27.

[12] Asamblea General de la ONU, The human right to water and sanitation,A/64/L.63/Rev.1*, 26 de julio de 2010.

[13] Cf. ECOSOC, General Comment No. 15 (2002).The right to water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), E/C.12/2002/11, 20 de enero de 2003.

[14] Cf. Asamblea General de la ONU, Report of the Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation, Catarina de Albuquerque, A/HRC/18/33, 4 de julio de 2011.

[15] Cf. Asamblea General de la ONU,The human right to safe drinking water and sanitation, A/HRC/18/L.1, 23 de septiembre de 2011.

[16] Con una consiguiente reducción del tiempo disponible para otras actividades fundamentales como la instrucción y el trabajo.

[17] Agua bombeada para usos industriales y agrícolas.

[18] Es emblemática la actividad de educadores sanitarios que consiste, en los países en vías de desarrollo, en explicar a las personas que el agua corriente o el agua transportada en un camión cisterna no es necesariamente agua potable, independientemente del hecho que venga ofrecida por las autoridades públicas locales o por entes privados.

[19] Cf. Gerard Payen Les besoins en eau potable dans le monde sont sous-estimés : des milliards de personnes sont concernéesen AA.VV. Implementing the right to drinking water and sanitation in Europe, Académie de l’Eau, France 2011, p. 26.

[20] Cf. Organización Mundial de la Salud, World health statistics 2011, 2011, p. 18.

[21] Cf. Organización Mundial de la Salud, World health statistics 2011, 2011, p. 18.

[22] Cf. Intervención de la Santa Sede ante el Consejo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Ginebra , 8 de junio de 2010.

[23] Nadie puede atribuirse el propio derecho sobre el agua, ya que ninguno se adjudicar el origen de ella.

[24] Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 7.

[25] Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la prospectiva de una autoridad pública con competencia universal, Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2011, n. 3.

[26] Juan Pablo II, Mensaje para la XXXVI Jornada mundial de la Paz (1 de enero de 2003), n. 5.

[27] Cf. United Nations Secretary-General’s High-level Panel on Global Sustainability, Resilient People, Resilient Planet : a Future Worth Choosing, 30 de enero de 2012, p. 6.

[28] Benedicto XVI, Discurso en la ceremonia de acogida de los jóvenes, viaje apostólico a Sydney, 17 de julio de 2008.

[29] Benedicto XVI, Discurso en la ceremonia de acogida de los jóvenes, viaje apostólico a Sydney, 17 de julio de 2008.

[30] Benedicto XVI, Discurso durante la audiencia a ocho nuevos embajadores, 17 de diciembre de 2009.

[31] Intervención de la Santa Sede en la 37a sesión de la Conferencia de la FAO, 28 de junio de 2011.

[32] El Informe de síntesis Changements Climatiques 2007 del Grupo de expertos sobre el clima (IPCC) ha publicado la estimación de que entre 75-250 millones adicionales de personas sufrirán de stress hídrico en África en el año 2020 a causa del cambio climático.

[33] Cf. Naciones Unidas, UN Millenium Development Goals Report 2011, 2011, p. 52.

[34] Cf. Naciones Unidas, UN Millenium Development Goals Report 2010, 2010, p. 4.

[35] Benedicto XVI, Discurso con ocasión del encuentro con las autoridades civiles en el Westminster Hall, viaje apostólico en el Reino Unido, 17 de septiembre del 2010.

[36] Cf. Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 67.

[37] Cf. Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 27.

[38] Cf. Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Por una reforma del sistema financiero y monetario Internacional en la prospectiva de una autoridad pública con competencia universal, Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2011, n. 4.

[39] Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual, n. 69.

[40] Cf. Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Para una mejor distribución de la tierra, Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 1997, n. 28.

[41] Cf. Benedicto XVI, Discurso con ocasión del encuentro con las autoridades civiles en el Westminster Hall, Viaje apostólico en el Reino Unido, 17 de septiembre del 2010.

[42] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la XXIII Jornada mundial de la Paz (1 de enero de 1990), n. 9.

[43]Cf. Benedicto XVI, Mensaje para la XLIV Jornada mundial de la Paz (1 de enero de 2011), n. 12.

[44] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la XXIII Jornada mundial de la Paz (1 de enero de 1990), n. 10.

[45] Benedicto XVI, Discurso con ocasión del encuentro con las autoridades civiles en el Westminster Hall, Viaje apostólico en el Reino Unido, 17 de septiembre del 2010.

[46] Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual, n 74.

[47] Cf. Tt 2, 12.

[48] Benedicto XVI, Discurso durante la audiencia a ocho nuevos embajadores, 17 de diciembre de 2009.

 

 

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