La oficina del Auditor General tiene encomendada la tarea de la auditoría del balance consolidado de la Santa Sede.

De acuerdo con el programa anual de auditoría aprobado por el Consejo de Asuntos Económicos, la oficina tiene la tarea de auditar los balances anuales de las distintas instituciones curiales y oficinas, de las instituciones vinculadas a la Santa Sede o que se refieren a ella, y que convergen en los balances consolidados antes mencionados.

El programa anual de auditoría es comunicado por el Auditor General al Consejo de Asuntos Económicos para su aprobación.

La oficina del Auditor General a instancia del Consejo de Asuntos Económicos, o de la Secretaría de Asuntos Económicos, o de los dirigentes de los Entes y de las administraciones a las que se refiere el art. 205 § 1, realiza auditorías en situaciones particulares relacionadas con: anomalías en el uso o asignación de recursos financieros o materiales; irregularidades en la adjudicación de contratos o en la realización de transacciones o enajenaciones; actos de corrupción o fraude. Las mismas auditorías pueden ser iniciadas de forma autónoma por el Auditor General, quien informa previamente al cardenal coordinador del Consejo de Asuntos Económicos, exponiendo las razones.

El Auditor General recibe señalaciones por parte de personas que, en el ejercicio de sus funciones, tienen conocimiento de situaciones particulares. Habiendo examinado las señalaciones, las presenta con una relación al prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos y, si lo considera necesario, también al cardenal coordinador del Consejo de Asuntos Económicos.

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